La pugna entre el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el exmandatario Evo Morales ha escalado hasta provocar una profunda crisis institucional.
Las tensiones aumentaron tras la promulgación de una ley por parte del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, aliado de Morales, que busca cesar a magistrados judiciales en desafío a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC).
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La acción de Rodríguez se dio mientras Arce estaba en Brasil, y ha sido calificada como «ilegal» por el ministro de Justicia, César Siles, quien acusa a Rodríguez de usurpación de funciones.
El TC, señalado de actuar en contra de Morales, ratificó recientemente su inhabilitación como candidato para las elecciones de 2025 y le retiró la jefatura del Movimiento al Socialismo (MAS), transfiriéndola a un dirigente afín a Arce.
INSTITUCIONALIDAD DEBILITADA
Los analistas advierten que Bolivia enfrenta una «anomia institucional», donde los poderes del Estado sobrepasan sus atribuciones y erosionan la democracia.
Según el jurista Ramiro Orias, la instrumentalización política de la justicia se remonta a 2019, cuando el TC permitió a Morales buscar un cuarto consecutivo obligatorio al considerar la reelección como un «derecho humano».
Pese a los reveses judiciales y denuncias en su contra, Morales se rehúsa a abandonar su lucha electoral.
Ha encabezado marchas, bloqueos y huelgas de hambre, y sus sectores afines se preparan para nuevas protestas en el Chapare.
Su abogado, Wilfredo Chávez, ha solicitado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que rechace las resoluciones judiciales que afectan su candidatura.
POLARIZACIÓN Y SOPORTE EXTERNO
Mientras el electorado de Morales parece reducirse a los cocaleros del Chapare, su influencia persiste gracias al respaldo de figuras como Nicolás Maduro.
Recientemente, se reveló que Morales utilizó vehículos de lujo de la petrolera venezolana PDVSA durante los conflictos recientes, lo que refleja su vínculo con el régimen venezolano.
La disputa entre Arce y Morales no solo divide al oficialismo, sino que también profundiza las fracturas en las instituciones del Estado, debilitando la democracia y la confianza ciudadana en los procesos judiciales y electorales en Bolivia.
