La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona (ICBL) denunció este miércoles la «terrible» decisión del gobierno de Joe Biden de suministrar minas antipersona a Ucrania.
La medida busca reforzar las capacidades militares de Kiev en el contexto de la guerra con Rusia, a menos de dos meses de la transición presidencial en Estados Unidos, cuando Donald Trump asumirá el poder.
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En un comunicado enviado a la agencia AFP, ICBL expresó su rechazo categórico: “Condenamos esta terrible decisión de Estados Unidos. Ucrania debe afirmar claramente que no aceptará estas armas”.
La organización subrayó el impacto devastador de las minas antipersona, que afecta principalmente a civiles incluso después de terminados los conflictos.
VÍCTIMAS CIVILES EN AUMENTO
El informe anual del Observatorio de Minas Antipersona publicado este miércoles muestra un incremento preocupante en el número de víctimas de minas y restos explosivos de guerra.
En 2023, al menos 5.757 personas murieron o resultaron heridas en 50 países, un aumento del 20% respecto al año anterior.
Entre las víctimas, el 84% eran civiles, incluidas muchas mujeres y niños.
Birmania lideró la lista con más de 1.000 víctimas, seguida por Siria (933), Afganistán (651), Ucrania (580) y Yemen (499). Según el informe, 833 de las víctimas fueron causadas por minas antipersona, lo que destaca el peligro persistente de estas armas incluso décadas después de colocadas.
AMENAZAS REGIONALES PERSISTENTES
En América Latina, Colombia sigue reportando contaminación por minas antipersona en 71 municipios, principalmente asociados a disidencias de las FARC.
Por su parte, México se ha enfrentado a un aumento en el uso de artefactos explosivos improvisados por parte de cárteles de la droga en el estado de Michoacán. Ecuador y Perú aún registran restos de minas de la Guerra del Cenepa de 1995.
UN ARMA DE IMPACTO DURADERO
Las minas antipersona no solo matan durante los conflictos, sino que siguen siendo una amenaza después, dificultando la reconstrucción de las comunidades afectadas.
La decisión de Estados Unidos de suministrar estas armas a Ucrania ha generado preocupaciones globales sobre el impacto humanitario y ético de su uso, mientras organizaciones como ICBL continúan luchando por su prohibición total.
