El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó este miércoles una denuncia penal contra la Asociación Madres de Plaza de Mayo por convertir una de las sedes de su universidad, cedida por el gobierno en 2018, en un «boliche clandestino».
Lea también Senado de EE.UU. rechaza frenar la venta de armas a Israel
El vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó la situación como «una grave falta de respeto a los pagadores de impuestos».
DETALLES DE LA DENUNCIA
El inmueble, ubicado en Rivadavia al 2700, es investigado tras un allanamiento ordenado por el juzgado federal de María Servini.
Adorni afirmó que el lugar albergaba actividades ajenas a los objetivos educativos originales, como fiestas en el tercer piso, donde vivía una familia, y la ocupación de los dos primeros pisos por organizaciones privadas, entre ellas el partido MILES y varias asociaciones civiles.
Adorni también destacó que, pese a recibir 4.000 millones de pesos en 2023 del Ministerio de Educación, la universidad no tuvo inscriptos durante ese período.
La denuncia se suma a una serie de acciones del gobierno de Javier Milei contra la Asociación Madres de Plaza de Mayo y su universidad.
Entre estas, se incluye la cancelación de su programa en la televisión pública en febrero y la intervención de la universidad en julio, posteriormente suspendida por la Justicia en septiembre.
Las autoridades reabrieron la sede y ordenaron garantizar el normal desarrollo de las clases, además de poner fin a las hostilidades.
DECLARACIONES POLÉMICAS SOBRE VILLARRUEL
Durante la conferencia de prensa, Adorni también criticó a la vicepresidenta Victoria Villarruel, acusándola de mantener vínculos con sectores políticos que el oficialismo identifica como «la casta». Aunque negó que el gobierno considere pedir su renuncia, Adorni destacó que Villarruel parece estar más alineada con figuras alejadas de la visión oficialista.
La denuncia contra Madres de Plaza de Mayo se pone nuevamente en el centro del debate la relación entre el gobierno y organizaciones vinculadas a los derechos humanos, mientras se espera que la Justicia determine el curso de la investigación sobre el uso irregular del inmueble.
