Una trabajadora peruana acusó a Felipe Morandé, ex embajador de Chile ante la OCDE, de explotación laboral durante su empleo en París.
La empleada afirmó haber enfrentado condiciones abusivas, largas jornadas de trabajo y la pérdida de su libertad personal. Tras huir en 2021, presentó una denuncia por trata de personas, detallando los abusos sufridos mientras trabajaba para Morandé.
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Este caso ha generado un debate en Francia sobre los derechos de los empleados domésticos y la protección que otorga la inmunidad diplomática a sus trabajadores.
CONDICIONES LABORALES CAMBIARON EN PARÍS
Según la denuncia, Alicia comenzó a trabajar para la familia de Felipe Morandé en Santiago, Chile. Posteriormente, se trasladó con ellos a París cuando Morandé fue nombrado embajador ante la OCDE. Durante su tiempo en Francia, sus condiciones laborales empeoraron significativamente, lo que la llevó a presentar una denuncia por explotación.
La trabajadora afirmó haber sufrido una pérdida de su libertad personal, así como un deterioro en sus condiciones de trabajo, lo que la llevó a huir en 2021. Sin embargo, tras su escape, también fue víctima de abusos por parte de una pareja que inicialmente le ofreció ayuda.
NO SERÍA UN CASO AISLADO
La trabajadora presentó una denuncia por «trata de personas» en 2023, dos años después de los hechos. Sin embargo, las barreras legales han obstaculizado el progreso del caso, ya que Morandé y su familia se habrían beneficiado de la inmunidad diplomática, lo que dificulta tanto la investigación como cualquier posible acción legal en su contra.
No se trata de un incidente aislado. Otros empleados de embajadas en París han denunciado condiciones similares de explotación, señalando que la inmunidad diplomática otorga una impunidad que perpetúa estos abusos.
Varios testimonios de otros trabajadores domésticos han salido a la luz, destacando las condiciones inhumanas en las que viven y trabajan, y la falta de opciones legales para defenderse.
DEBATE SOBRE REGULACIÓN DEL EMPLEO DOMÉSTICO
El caso de Alicia ha reavivado el debate sobre la urgente necesidad de implementar regulaciones más estrictas para el empleo doméstico de trabajadores migrantes, especialmente en el ámbito diplomático.
En este contexto, la inmunidad diplomática puede servir como un escudo que protege a los trabajadores de enfrentar consecuencias legales por abusos laborales.
Esta situación ha puesto en evidencia las vulnerabilidades de los empleados migrantes, que a menudo quedan desprotegidos frente a la explotación en este tipo de entornos.
A pesar de la gravedad de las denuncias, las acciones legales avanzan con lentitud y complicaciones debido a las restricciones que imponen el estatus diplomático de los involucrados. Esto dificulta el proceso judicial y limita la capacidad de las autoridades para investigar y llevar el caso a juicio de manera efectiva.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos continúan luchando por darle visibilidad a este tipo de casos y ofrecer apoyo a las víctimas.
