Con un presupuesto anual que supera los cinco billones de pesos argentinos (unos 4.400 millones de dólares), el PAMI (Programa de Atención Médica Integral) se ha convertido en un campo minado para el Gobierno de Javier Milei.
En los últimos días, el organismo clave para la atención médica de jubilados y pensionados quedó envuelto en una ola de denuncias judiciales por presunta corrupción interna. Funcionarios designados por el propio oficialismo acusan al partido gobernante de exigirles retornos de sus salarios para financiar a La Libertad Avanza (LLA).
La situación ya escaló a los tribunales en al menos cinco provincias: Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz, La Pampa y Chaco. Las denuncias coinciden en el modus operandi: autoridades partidarias habrían solicitado aportes mensuales de entre el 5% y el 10% del sueldo, bajo amenaza de despidos o represalias políticas.
Desde la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni se desmarcó del tema. “No tenemos absolutamente nada que ver”.
Lea también: China refuerza su conquista diplomática en Latinoamérica
«ME TIENES QUE DAR UN MILLÓN»
La diputada oficialista Viviana Aguirre rompió el silencio y desató la tormenta. En una denuncia formal, aseguró que cuando fue nombrada al frente del PAMI en La Plata, recibió un pedido explícito. “Me tienes que dar un millón de pesos de retorno”.
Aguirre señaló con nombre y apellido a los referentes partidarios que le exigían un “aporte de un 5% en adelante, según el sueldo”. En declaraciones a la prensa, dijo sentirse traicionada por Milei y su promesa de “terminar con la casta”.
Además, alertó que estas prácticas no se limitan al PAMI, sino que también se estarían replicando en otros organismos estatales como la ANSES.
OTRO FOCO CALIENTE
La provincia de Misiones aportó otra pieza al escándalo. Una decena de funcionarios del PAMI y la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) firmaron una carta dirigida al presidente de LLA en el distrito.
El texto rechaza “la orden de pago del 10% de los sueldos que los funcionarios percibimos […] para ser depositados en una cuenta particular”. La nota exige el reintegro del dinero y advierte: “Le solicitamos que desista de tal obrar”.
La carta llegó rápidamente a manos de la Justicia, al igual que las presentaciones en otras jurisdicciones. El patrón se repite, lo que genera sospechas de una posible estructura sistematizada de recaudación dentro del partido oficialista.
OPOSICIÓN EXIGE RESPUESTAS
Desde el Congreso nacional, la oposición comenzó a mover fichas. La diputada socialista Mónica Fein presentó un proyecto para citar al director del PAMI, Esteban Leguízamo, y al ministro de Salud, Mario Lugones. El objetivo es que informen sobre las denuncias públicas de cobros indebidos en las distintas delegaciones del país.
“Queremos saber si el Gobierno tiene conocimiento, si hay sumarios abiertos y cuál es la respuesta institucional frente a estas acusaciones que afectan a uno de los organismos más sensibles del Estado”, explicaron desde el bloque socialista.
SOBREPRECIOS
El escándalo por los “retornos” no es el único dolor de cabeza para el Ejecutivo. También está bajo la lupa una licitación del PAMI por 460 millones de dólares para la compra de pañales para adultos, que habría sido direccionada y sobrevaluada.
Tras esto, el Gobierno anunció un nuevo sistema de entrega domiciliaria de pañales que, según Adorni, permitirá ahorrar 5.000 millones de pesos anuales.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el Gobierno se limita a negar vínculos. “Si hay algo más que decir, tiene que decirlo la Justicia. Nosotros no tenemos nada que aclarar”, insistió el vocero presidencial, en un intento de desactivar el escándalo.
