Un grupo de abogados contratados por la dictadura de Nicolás Maduro presentó ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador una demanda de habeas corpus solicitando la liberación y repatriación de decenas de ciudadanos venezolanos. Se trata de migrantes deportados por Estados Unidos y encarcelados en una prisión de máxima seguridad salvadoreña, acusados de pertenecer a la organización criminal conocida como el Tren de Aragua. Sin embargo, tanto el Gobierno venezolano como sus familiares niegan estas acusaciones.
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¿QUÉ SE SABE DE LA DEMANDA PRESENTADA POR VENEZUELA?
La defensa, liderada por el abogado Jaime Ortega, representa a 30 de los venezolanos detenidos, aunque planea extender la solicitud judicial a todos los connacionales recluidos. Ortega explicó que el objetivo principal es obtener su liberación inmediata y, en caso de que no sea posible, que se realice un proceso ordenado de traslado y repatriación, conforme a la legislación migratoria venezolana.
Según Ortega, fue el propio Gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, junto con un comité de familiares, quienes le encargaron representar legalmente a los migrantes. La demanda pretende cuestionar la legalidad de la detención masiva y arbitraria de estos ciudadanos.
DEPORTACIONES CUESTIONADAS: ¿QUÉ HIZO EE. UU.?
Estados Unidos deportó a 238 venezolanos utilizando una ley de 1798 conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de tiempos de guerra invocada por el expresidente Donald Trump. No obstante, un juez federal estadounidense bloqueó rápidamente la medida y ordenó el regreso del vuelo que transportaba a los migrantes. A pesar de esta orden, los venezolanos terminaron en El Salvador, donde fueron encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megaprisión de 23 hectáreas ubicada a unos 70 km de San Salvador.
El traslado fue posible gracias a un acuerdo entre Washington y el Gobierno de Nayib Bukele, mediante el cual EE. UU. pagaría 6 millones de dólares anuales por mantener a los deportados bajo custodia en El Salvador.
¿SON MIEMBROS DEL TREN DE ARAGUA?
Ni las familias ni los abogados de los detenidos reconocen vínculos con el Tren de Aragua, organización delictiva transnacional nacida en Venezuela. El juez estadounidense James Boasberg afirmó que los venezolanos deben tener derecho a impugnar la acusación que los vincula con pandillas, e hizo referencia a denuncias sobre condiciones inhumanas en prisión, como hacinamiento, golpizas, humillaciones y falta de acceso a alimentos y agua.
¿CUÁL ES EL ESTATUS LEGAL DE LOS DETENIDOS EN EL SALVADOR?
Hasta ahora, el Ejecutivo y el Poder Judicial salvadoreños no se han pronunciado públicamente sobre la situación legal de los venezolanos encarcelados. El Salvador rompió relaciones diplomáticas con Venezuela en 2019, lo que deja a los detenidos sin respaldo consular en ese país.
Según el abogado David Morales, de la ONG Cristosal, no existe base legal para su detención, ya que no han sido juzgados, procesados ni condenados por ningún tribunal salvadoreño. En sus palabras, las detenciones son «arbitrarias» y violan los principios del debido proceso. Morales también señaló que la Fiscalía de Derechos Humanos salvadoreña tiene competencia para intervenir, pero no lo hace debido a su subordinación al poder político.
¿QUÉ DICE EL GOBIERNO DE BUKELE?
Hasta el momento, el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció únicamente que considera a los 238 venezolanos como presuntos miembros del Tren de Aragua y que ordenó su reclusión en una cárcel de máxima seguridad. Además, confirmó que Estados Unidos cubriría los costos de su detención. Las autoridades salvadoreñas no han respondido a las solicitudes de información realizadas por medios internacionales.
¿QUÉ EFECTO PODRÍAN TENER LOS RECURSOS LEGALES?
El abogado constitucionalista Enrique Anaya afirmó que los recursos de habeas corpus podrían, al menos, visibilizar la ilegitimidad de las detenciones y ejercer presión pública, aunque reconoció que la falta de independencia judicial en El Salvador complica cualquier posibilidad de éxito.
Desde 2021, la Sala Constitucional de la Corte Suprema fue reestructurada por el oficialismo, lo que ha generado fuertes críticas sobre su imparcialidad. «¿Quién decidirá sobre la libertad de estas personas: los jueces estadounidenses o los salvadoreños?», se preguntó Anaya.
CONTEXTO: ESTADO DE EXCEPCIÓN Y DETENCIONES MASIVAS EN EL SALVADOR
El Salvador vive bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022, bajo el cual se han suspendido garantías constitucionales en nombre de la lucha contra las pandillas.
En este contexto, las autoridades han detenido a más de 84.000 personas, sin permitirles acceso a un abogado ni comparecer de inmediato ante un juez.
Este ambiente judicial y político pone en duda el futuro legal de los venezolanos detenidos, que podrían permanecer indefinidamente encarcelados en medio de una situación marcada por arbitrariedad y falta de garantías procesales.
🇻🇪🇸🇻 Nicolás Maduro reiteró que los migrantes venezolanos detenidos en El Salvador no han cometido ningún delito. Además, responsabilizó al presidente Nayib Bukele, por la seguridad de los jóvenes detenidos, advirtiendo que cualquier daño que les ocurra sería culpa de su gobierno pic.twitter.com/CAL9Uk1GsF
— QueTripaInforma (@QueTripaInforma) March 23, 2025
