El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, participó este viernes en su primera audiencia ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, donde enfrenta acusación por crímenes de lesa humanidad debido a su polémica guerra contra las drogas, que dejó miles de muertos en el país asiático.
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Duterte, de 79 años, fue comparado por videoconferencia desde el Centro de Detención del CPI, donde fue trasladado tras su detención y extradición a Países Bajos a principios de semana. Durante la breve audiencia, el tribunal le informó sobre los cargos en su contra y sus derechos como acusado.
Vestido con traje y corbata azul, el exmandatario lucía frágil y habló solo para confirmar su identidad. El tribunal le permitió asistir a la sesión de manera remota debido al cansancio derivado de su reciente viaje. La CPI lo acusa de crímenes de lesa humanidad, señalando que la represión contra el tráfico de drogas durante su mandato dejó decenas de miles de víctimas, muchas de ellas sin pruebas que las vincularon al narcotráfico.
DENUNCIA DE EXTRADICIÓN IRREGULAR
Su abogado, Salvador Medialdea, denunció ante la corte que Duterte fue «secuestrado» en Filipinas y trasladado «sumariamente» a La Haya. «Para los abogados, esto es una extradición extrajudicial. Para otros, es un secuestro puro y simple», afirmó. Medialdea agregó que su cliente sufre «problemas médicos debilitantes» y que no estaba en condiciones de participar plenamente en la audiencia.
El letrado también afirmó que las autoridades coordinaron la extradición con antelación como parte de un supuesto «ajuste de cuentas políticas» en Filipinas. Según su versión, tras aterrizar en Países Bajos el pasado miércoles, llevaron a Duterte a un hospital y solo le permitieron reunirse brevemente con su abogado antes de la audiencia.
PRÓXIMOS PASOS EN EL PROCESO
Durante la sesión, el expresidente pareció dormir en algunos momentos. Sin embargo, el tribunal señaló que, según sus médicos, Duterte está «plenamente consciente y mentalmente apto» para afrontar el proceso. La jueza fijó la próxima audiencia para el 22 de septiembre, cuando se confirmarán los cargos en su contra.
La orden de arresto, emitida el 7 de marzo, sostiene que existen «motivos razonables» para vincular a Duterte con el crimen de lesa humanidad de asesinato, cometido en Filipinas entre noviembre de 2011 y marzo de 2019. Según la policía filipina, más de 6.000 personas murieron en la campaña antidrogas, aunque organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a más de 30.000, incluidos menores de edad.
“My client is not able to contribute anything to this hearing…”
Then a seemingly sleeping Duterte was shown. LOL pic.twitter.com/xcqkKxslXL
— ricci (@ricci_richy) March 14, 2025
