Internacional

Ecuador: 34 años de cárcel a militares por crimen de menores

Editado de agencias y medios internacionales por Cristian Navarro H.

Periodista

Ecuador
Foto: Publicado en X por @CodigoDig_01of
La sentencia, dictada más de un año después, cierra uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos

Un tribunal Ecuador sentenció este lunes 22 de diciembre a 11 militares a 34 años y ocho meses de prisión por la desaparición forzada de cuatro niños afrodescendientes de entre 11 y 15 años, ocurrida en diciembre de 2024 en Guayaquil. Los uniformados detuvieron de manera irregular a los menores y, días después, sus cuerpos aparecieron calcinados y con impactos de bala.

Además, cinco soldados que colaboraron con la Fiscalía mediante cooperación eficaz recibieron 30 meses de cárcel. En tanto, un teniente coronel procesado como cómplice fue absuelto.

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La corte acogió el requerimiento del Ministerio Público para 16 de los 17 acusados y fijó multas por US$376.000, junto con una indemnización de US$10.000 para cada familia. El fallo también ordena disculpas públicas y la publicación de un extracto de la sentencia en el medio de mayor circulación nacional.

UN CASO QUE CONMOCIONÓ AL PAÍS

Los hechos se remontan al 8 de diciembre de 2024, cuando Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo salieron a jugar fútbol en el sur de la ciudad y no regresaron. Esa noche, la familia Arroyo recibió una llamada en la que Ismael relató que militares los persiguieron, realizaron disparos al aire, los maltrataron y los abandonaron.

Horas después, llegaron ubicaciones por WhatsApp —una en Taura, cerca de una base militar— y una llamada anónima que afirmó que “la mafia se los llevó”. El 24 de diciembre, luego de que la Justicia estableciera la desaparición forzada, las autoridades hallaron cuatro cuerpos en manglares cercanos a la base de Taura.

VIDEO MUESTRA A MLITARES SUBIENDO A LOS NIÑOS

Un video difundido por la Asamblea Nacional mostró a militares subiendo a uno de los niños a una camioneta mientras lo golpeaban, con otro menor tendido boca abajo en el vehículo. El entonces ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, sostuvo que los uniformados atendían un llamado por robo; la Fiscalía descartó esa versión por falta de pruebas.

Los restos, descritos como “destruidos e incinerados”, dificultaron la identificación inicial. El 31 de diciembre de 2024, peritajes de ADN confirmaron que correspondían a los cuatro niños desaparecidos. La sentencia, dictada más de un año después, cierra uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos registrados recientemente en Ecuador.

 


 

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