Un tribunal de Ecuador ordenó la apertura de juicio contra diecisiete militares acusados de la desaparición forzada y posterior ejecución de cuatro adolescentes en Guayaquil, en un caso que ha sacudido al país y reavivado las denuncias de abusos cometidos durante el “conflicto armado interno” declarado por el gobierno.
DETENCIÓN ILEGAL Y DESAPARICIÓN
La noche del 8 de diciembre de 2024, una patrulla militar interceptó a los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y a sus amigos Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11) frente a un centro comercial del barrio Las Malvinas, en Guayaquil.
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Según testigos, los soldados golpearon a los adolescentes y los subieron por la fuerza a dos vehículos. Más tarde, afirmaron haberlos trasladado a Taura, a 40 kilómetros de la ciudad, y haberlos liberado con vida en una zona rural cercana a una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
DELACIÓN Y REVELACIONES
Tres militares se acogieron a cooperación eficaz y, en una segunda reconstrucción de los hechos, reconocieron que golpearon y humillaron a los adolescentes antes de su desaparición. La autopsia confirmó que las víctimas recibieron disparos en la cabeza.
Además, un testigo declaró que los militares lo torturaron para obligarlo a culpar falsamente a bandas criminales, asegurando que estas habrían secuestrado a los menores con órdenes de quemarlos y arrojarlos al río.
RESPONSABLES Y ACUSACIONES
Entre los procesados se cuentan dieciséis militares que participaron directamente en la detención y un teniente acusado de encubrir el crimen al recoger las ropas de las víctimas sin informar a la Fiscalía ni a la Policía.
El juez Dennis Ugalde ratificó la prisión preventiva para todos los acusados, subrayando que las Fuerzas Armadas están obligadas a respetar los derechos ciudadanos. La defensa de las víctimas, encabezada por el abogado Fernando Bastias del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), valoró la decisión:
“Diez meses después de la desaparición y ejecución de los niños, la justicia reconoce la existencia del delito de desaparición forzada”.
CONTEXTO DE MILITARIZACIÓN
El caso ocurre en medio de la estrategia del presidente Daniel Noboa, quien declaró al país en “conflicto armado interno” para enfrentar a las bandas criminales. Esta política ha otorgado a militares y policías una licencia ampliada para el uso letal de la fuerza, al catalogar a estas agrupaciones como “grupos terroristas”.
El CDH ha documentado al menos 43 desapariciones forzadas atribuidas a fuerzas estatales desde el inicio de esta política. El juicio contra los 17 militares se considera un precedente clave para esclarecer violaciones de derechos humanos en este contexto.
#ACTUALIZACIÓN | #CasoMalvinas: con base en el dictamen acusatorio de #FiscalíaEc, Juez dicta auto de llamamiento a juicio para los 17 militares procesados por la #DesapariciónForzada de 3 adolescentes y un niño, ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en el sur de #Guayaquil. pic.twitter.com/cuBbgSqT0a
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 9, 2025
