Una jueza federal de inmigración autorizó al Gobierno de Donald Trump a continuar con el proceso de deportación del activista propalestino Mahmoud Khalil, quien lideró protestas estudiantiles en la Universidad de Columbia contra la guerra en Gaza. El joven, residente legal permanente en Estados Unidos, fue arrestado el mes pasado en Nueva York.
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La jueza Jamee Comans, del Tribunal de Inmigración de LaSalle, Luisiana, declaró que no tiene facultades para revertir la decisión adoptada por el secretario de Estado, Marco Rubio. Rubio invocó una cláusula de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 que permite la expulsión de extranjeros cuya presencia represente «graves consecuencias para la política exterior».
Khalil, nacido en un campo de refugiados palestinos en Siria y con ciudadanía argelina, obtuvo la residencia permanente en EE. UU. en 2024. Su esposa es ciudadana estadounidense. Durante la audiencia, el activista expresó su decepción con el fallo: “Lo que presenciamos hoy no refleja los principios de debido proceso que este tribunal afirmó valorar”.
EL CASO NO ESTÁ CERRADO
El caso, sin embargo, no está cerrado. Un tribunal federal en Nueva Jersey bloqueó temporalmente la deportación mientras evalúa si la detención del joven violó su derecho constitucional a la libertad de expresión. Sus abogados acusan al Gobierno de perseguir a Khalil por expresar opiniones políticas protegidas por la Primera Enmienda.
La administración Trump sostiene que él y otros estudiantes extranjeros que participan en protestas propalestinas dañan los intereses de la política exterior. El expresidente declaró que “el arresto de Khalil será el primero de muchos”.
El abogado defensor, Marc Van Der Hout, denunció que su cliente fue víctima de “una farsa del debido proceso” y del uso político de la ley migratoria. “Esto no ha terminado. Nuestra lucha continúa”, afirmó tras la audiencia.
