En una señal de respaldo a los principios del derecho internacional, el Gobierno de Estados Unidos presentó este viernes un amicus curiae en apoyo a Argentina en el complejo litigio que enfrenta por la nacionalización de YPF. La intervención del Departamento de Justicia ante la Cámara de Apelaciones no solo refuerza la posición jurídica del país sudamericano, sino que también apunta a proteger el equilibrio diplomático global frente a decisiones judiciales con potenciales consecuencias extraterritoriales.
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El núcleo del documento es la defensa de la inmunidad soberana, un principio clave en las relaciones entre Estados. El Gobierno estadounidense expresó su preocupación ante la posibilidad de que se ejecute la orden de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado la transferencia forzosa del 51% de las acciones de YPF al grupo demandante, encabezado por los fondos Burford y Eton Capital. Según Washington, tal medida podría sentar un precedente perjudicial para Estados Unidos en tribunales extranjeros.
“El tratamiento de estos asuntos podría tener efectos significativos en las relaciones exteriores de EE.UU.”, advirtió el Departamento de Justicia, al destacar que decisiones de este tipo podrían exponer bienes soberanos estadounidenses a litigios similares en otras jurisdicciones.
La Cámara de Apelaciones ya había suspendido temporalmente el cumplimiento del fallo de Preska, pero con esta nueva intervención el Gobierno estadounidense busca que esa suspensión se mantenga hasta que el caso se resuelva definitivamente en la instancia superior.
ARGENTINA CELEBRA RESPALDO BIPARTIDISTA DE EE.UU.
Desde Buenos Aires, el vocero presidencial Manuel Adorni valoró el respaldo de la administración de Donald Trump, y recordó que el Gobierno de Joe Biden también apoyó la postura argentina en este mismo expediente. “Se trata de un respaldo institucional, no ideológico, que reafirma el rechazo a una transferencia forzada de activos estratégicos del Estado”, afirmó.
El espaldarazo estadounidense también generó movimientos entre los demandantes. Los fondos Burford y Eton Capital notificaron a la Corte que no tienen intención de conservar las acciones de YPF si Argentina gana la apelación. “No desean administrar una petrolera”, explicó Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors. Aun así, los fondos mantienen su oposición a que el país continúe el proceso judicial sin ofrecer garantías de pago.
UN LITIGIO DE ALTO COSTO CON ORIGEN EN LA RENACIONALIZACIÓN DE YPF
El caso se remonta a la reestatización parcial de YPF en 2012, cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió el 51% de las acciones en manos de la petrolera Repsol, pero sin extender la oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas, como exigía el estatuto de la empresa. El fondo Burford capitalizó esa omisión al comprar los derechos litigiosos del grupo Petersen, accionista minoritario argentino, y presentó una demanda en Nueva York por más de 16.000 millones de dólares.
En 2023, un tribunal falló en contra de Argentina, que ahora busca revertir la sentencia en una instancia superior, en lo que constituye el litigio más costoso que enfrenta el Estado argentino fuera de su territorio.
En paralelo, los fondos demandantes han intentado abrir la puerta a una negociación extrajudicial, pero el Gobierno argentino ha rechazado tajantemente cualquier conversación de ese tipo. “No habrá acuerdos por fuera de la vía judicial”, sentenció Adorni.
🇺🇸 EE.UU. intervino en el juicio por YPF y defendió a la Argentina en su reclamo para no entregar las acciones
👉 La gestión Trump elevó el amicus curiae a la Cámara de Apelación Nueva York.
👉 Argumentó la inmunidad soberana y el daño irreparable que implicaría al país. pic.twitter.com/YGHvoTLHt6
— Finanzas Ya (@finanzasya_) July 18, 2025
