El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos deportó por error a un ciudadano salvadoreño al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, y admitió públicamente su responsabilidad. Esta expulsión formó parte de una operación controvertida en la que también deportaron a más de 200 ciudadanos venezolanos.
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Kilmer Abrego-García, el afectado, vivía en el condado de Prince George, en Maryland, y había conseguido la suspensión de su deportación tras solicitar asilo. A pesar de esa medida judicial, las autoridades lo detuvieron el 12 de marzo, lo trasladaron a un centro de detención en Texas y, tres días después, lo incluyeron como “suplente” en un vuelo hacia El Salvador, aunque no figuraba en el plan de vuelo original.
UN «ERROR ADMINISTRATIVO» CON GRAVES CONSECUENCIAS
Los abogados de Abrego-García afirman que su cliente no pertenece a la pandilla MS-13 y que ICE cometió un «error administrativo» al incluirlo en el operativo. Tras su llegada a El Salvador, las autoridades locales lo trasladaron al CECOT, al que su defensa describe como un «notorio sitio de tortura». Exigen que el gobierno estadounidense lo regrese de inmediato a Estados Unidos.
Durante la audiencia judicial, un funcionario de ICE reconoció el error y explicó que las autoridades actuaron “de buena fe”, basándose en una orden final de deportación y en información no verificada que lo vinculaba a MS-13. Sin embargo, la defensa sostiene que el gobierno no presentó ninguna prueba concreta de dicha afiliación.
El equipo legal de Abrego-García presentó una demanda contra varios funcionarios del gobierno, incluidos los secretarios de Seguridad Nacional y de Estado, Kristi Noem y Marco Rubio, la fiscal general Pam Bondi y altos cargos de ICE.
UNA LEY DEL SIGLO XVIII EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA
El gobierno estadounidense justificó la deportación masiva del 15 de marzo apelando a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma que permite realizar expulsiones sumarias. El expresidente Donald Trump invocó esta ley bajo el argumento de que organizaciones criminales como el Tren de Aragua están invadiendo el país.
No obstante, un juez federal bloqueó la aplicación de la ley, y una corte de apelaciones ratificó ese fallo. Actualmente, el caso se encuentra en revisión ante el Tribunal Supremo. A pesar de este contexto legal adverso, la administración Trump anunció la deportación de otras 17 personas presuntamente vinculadas al Tren de Aragua y a la MS-13, a quienes también trasladaron al CECOT, desafiando nuevamente las decisiones judiciales.
Miren, esto es gravísimo. Un salvadoreño que huyó del país por las pandillas y que había obtenido un estatus legal en Estados Unidos ahora está refundido en el CECOT, junto a los mareros que lo hicieron huir, siendo tratado como terrorista. Qué salvajada.https://t.co/JrTDzUdtwL
— Bryan Avelar (@bavelarr) April 1, 2025
