Internacional

EE.UU. imputa a gobernador de Sinaloa por narco

Cristian Navarro H.

Periodista

Sinaloa
Foto: Gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha
El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó al gobernador Rubén Rocha de colaborar con el Cártel de Sinaloa, mientras México respondió con un reclamo diplomático por la difusión del caso.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra el gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha, acusándolo de presuntos vínculos con el narcotráfico. La imputación, dada a conocer por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, también involucra a otros funcionarios, en un caso que ya genera tensión entre Washington y Ciudad de México.

Según la acusación, Rocha habría participado en una supuesta conspiración con el Cártel de Sinaloa para facilitar el envío de grandes cantidades de drogas, incluyendo fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina,  hacia territorio estadounidense. El documento judicial sostiene además que el mandatario regional se habría beneficiado de apoyo de los llamados “Chapitos”, hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, durante su campaña electoral en 2021.

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La imputación no solo alcanza al gobernador. También figuran entre los acusados el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el senador Enrique Inzunza Cázarez, ampliando el alcance político del caso.

Rocha rechazó categóricamente las acusaciones y afirmó que logrará demostrar que “carecen de veracidad y fundamento”. A su juicio, la acción judicial estaría motivada por intereses políticos que buscan afectar al oficialismo mexicano, encabezado por el partido Morena.

Desde el gobierno de México, la reacción fue inmediata. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó que recibió solicitudes de detención provisional, aunque advirtió que los antecedentes entregados no contienen pruebas suficientes para establecer responsabilidades.

En paralelo, la Cancillería anunció el envío de una nota diplomática a Estados Unidos, cuestionando la forma en que se difundió la información. Según indicaron, los tratados vigentes contemplan cláusulas de confidencialidad que no habrían sido respetadas.

El caso sigue en desarrollo y amenaza con abrir un nuevo foco de fricción en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

 

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