La amenaza de deportaciones masivas desde Estados Unidos representa un desafío significativo para los países de Centroamérica. Migrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua constituyen el 38% del total de personas con orden de deportación, y se estima que más de 200.000 serán devueltos a sus países en 2025. Ante esta situación, surgen dudas sobre la capacidad de los gobiernos para recibir a los retornados y mitigar el impacto económico que supondría la reducción de remesas.
TESTIMONIOS DE DEPORTADOS: DESESPERANZA Y DESARRAIGO
La repatriación forzada de migrantes ya ha comenzado a generar reacciones. «Mire cómo traigo las muñecas. Me pusieron los grilletes hasta abajo, bien apretados», relató un salvadoreño tras ser deportado en enero de 2025. Otro migrante hondureño expresó su angustia: «No tengo nada, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo las oportunidades que soñaba».
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A pesar de la promesa del presidente Donald Trump de ejecutar «la mayor deportación masiva en la historia», las cifras iniciales no han alcanzado los niveles de administraciones anteriores. En su primer mes en el cargo, el gobierno de Trump deportó a 37.660 personas, por debajo del promedio mensual de 50.000 durante la administración de Joe Biden. Esta discrepancia llevó al despido del director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Caleb Vitello.
UN RETO PARA LOS GOBIERNOS CENTROAMERICANOS
Centroamérica es uno de los principales destinos de los vuelos de deportación. Sin embargo, especialistas advierten que ningún país está preparado para recibir a miles de personas de manera abrupta. «La migración ha sido, por décadas, una válvula de escape ante la falta de oportunidades», señalan analistas.
Según Manuel Orozco, investigador del Diálogo Interamericano, 200.000 migrantes centroamericanos podrían ser deportados en 2025. Esta cifra incluye a personas con órdenes de deportación, aquellas con estatus temporales revocados y migrantes en situación irregular.
Los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua han anunciado programas de asistencia humanitaria, pero la magnitud de la situación podría desbordar sus capacidades. En Guatemala, el programa «Retorno al Hogar» busca facilitar la reinserción de los deportados, pero analistas aseguran que el país carece de las condiciones para que estos migrantes se reincorporen a la economía local.
IMPACTO ECONÓMICO: LA CAÍDA DE LAS REMESAS
Uno de los efectos más preocupantes de las deportaciones masivas será la reducción de las remesas, fuente vital para las economías centroamericanas. En Guatemala, las remesas representaron la quinta parte del PIB en 2024. Honduras también podría verse gravemente afectado, ya que más de 600.000 hogares dependen de estos envíos. Según Orozco, el PIB centroamericano podría desacelerarse en al menos un 0.5% por la disminución de remesas.
Además, el temor a ser detenido podría llevar a muchos migrantes en EE. UU. a reducir sus envíos de dinero a sus familias. «Los migrantes están optando por no salir a trabajar para evitar ser arrestados por agentes de ICE», explica Úrsula Roldán, investigadora de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala.
INSEGURIDAD Y FALTA DE OPORTUNIDADES PARA LOS RETORNADOS
La seguridad es otra preocupación para los migrantes deportados. En Honduras, muchos retornados enfrentarán los mismos peligros que los obligaron a emigrar: extorsiones, crimen organizado y violencia. «Algunos podrán ser reclutados por pandillas si no encuentran alternativas de empleo», advierte Orozco.
En El Salvador, los deportados podrían verse afectados por el régimen de excepción, vigente desde 2022, el cual limita derechos fundamentales en la lucha contra las pandillas. En Nicaragua, donde las remesas representaron casi el 30% del PIB en 2024, la situación es aún más crítica. El gobierno de Daniel Ortega no ha anunciado estrategias para recibir a los deportados y organismos de derechos humanos han denunciado casos de nicaragünses impedidos de regresar a su propio país.
LA POSIBILIDAD DE UNA NUEVA MIGRACIÓN
Muchos de los deportados podrían intentar regresar a EE. UU. o buscar nuevos destinos como México y España. En México, por ejemplo, las solicitudes de asilo de centroamericanos han aumentado, con Honduras liderando en 2024 con 27.888 peticiones, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
Sin embargo, cruzar la frontera será más difícil y costoso. «El precio de un viaje irregular de Honduras a EE. UU. ha subido de 12.000 a 15.000 dólares, y podría aumentar más con los controles reforzados», explica el investigador César Castillo.
UN FUTURO INCIERTO
Aunque las políticas antimigratorias de Trump podrían suavizarse en la segunda mitad de 2025, debido a la necesidad de mano de obra en EE.UU., expertos advierten que no se debe subestimar la voluntad del gobierno de endurecer las medidas.
«Las fuentes de origen de la migración no han cambiado en 30 años, y es probable que muchos deportados vuelvan a intentar migrar», concluye Orozco. Un migrante hondureño recientemente deportado lo resume de manera clara: «No me voy a rendir. Algún día volveré, porque allá está mi vida».
Encuentro entre organizaciones de migrantes de Centro y Norteamérica resalta impacto económico de deportaciones.
Problemática afecta consumo local, remesas y sistema de salud pública pues algunos retornados padecen enfermedades que impactarán a familias y recaerán en Estado. pic.twitter.com/tnRYTz23yL
— Noti7 (@Noti7Guatemala) February 26, 2025
