En el marco de la cruzada declarada por Washington contra la corte, el Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el Tribunal Penal Internacional (TPI).
Estas incluyen a su presidenta, Tomoko Akane, sancionada el pasado agosto.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) tomó la decisión contra el organismo con sede en La Haya sin entregar detalles del porqué. Al mismo tiempo, emitió hasta cuatro licencias relacionadas con el tribunal.
De este modo, el Tesoro expuso que permitirá realizar, hasta el 7 de abril de 2027, “transacciones” con el TPI que sean necesarias para “la continuidad de las operaciones, incluidos los pagos de los Estados parte”, incluidos “el pago de salarios, seguros médicos y servicios médicos para los empleados, beneficiarios de subvenciones o contratistas del TPI; el pago de alquileres, servicios públicos, impuestos, seguros y otras tasas; el pago de servicios rutinarios a la corte”.
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La cartera de Scott Bessent autorizará además la tramitación del pago de pensiones por parte del TPI, las transacciones “relacionadas con las telecomunicaciones y el software empresarial en las que interviene” el TPI, así como la prestación de “servicios destinados a la salud, la seguridad y el bienestar” de las personas bajo custodia de la corte y de los “servicios para el funcionamiento de las instalaciones” que albergan a los detenidos.
Las sanciones contra el Tribunal Penal Internacional son un paso más en la cruzada de Estados Unidos contra esa cortre, a la que acusa de ser un organismo “supranacional corrupto” y “politizado” que abusa de su autoridad.
Además de su presidenta, hay otros jueces y fiscales sancionados por la Administración Trump en represalia por la investigación abierta a Israel por crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza.
El Tribunal Penal Internacional es una corte de justicia internacional permanente e independiente, encargado de juzgar a personas acusadas de los crímenes más graves de trascendencia internacional.
Su función es investigar, procesar y juzgar a individuos (no a Estados) por cuatro delitos fundamentales: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión (el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía o integridad territorial de otro).
