Como parte de un acuerdo facilitado por la Iglesia Católica para liberar a prisioneros políticos en la isla, el gobierno de Estados Unidos informó al Congreso su intención de retirar la designación de Cuba como patrocinador estatal del terrorismo, anunció la Casa Blanca.
Esto significa que “muchas decenas” de prisioneros políticos y otros considerados por Estados Unidos como detenidos injustamente serían liberados antes de que el gobierno del presidente Joe Biden llegue a su fin el 20 de enero a mediodía, según fuentes de la agencia AP.
Estados Unidos también disminuirá algunas presiones económicas sobre Cuba, así como un memorando de 2017 emitido por el entonces presidente Donald Trump que endureció la postura de Estados Unidos hacia la isla.
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Sin embargo, las mismas fuentes aseguraron que es muy probable que la determinación de Biden sea revertida la próxima semana luego que el presidente electo asuma el cargo y su secretario de Estado, Marco Rubio, asuma la posición de principal diplomático de Estados Unidos.
Su familia salió de Cuba en la década de 1950 antes de la revolución comunista que llevó al poder a Fidel Castro. Siempre ha sido partidario de que se impongan sanciones sobre la isla.
CUBA: «UN PASO MUY LIMITADO»
Por su parte, el Gobierno de Cuba calificó de «decisión en la dirección correcta» -aunque limitada- el anuncio de Estados Unidos de sacar a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
En un comunicado tras el anuncio del Gobierno de Joe Biden, el ministerio de Relaciones Exteriores de la isla subrayó que se trata de un paso «muy limitado» sobre una política «cruel e injusta».
«La guerra económica permanece», agregó.
Destaca que, sin embargo, permanecen vigentes «el bloqueo económico y buena parte de las decenas de medidas coercitivas» de EE.UU. contra Cuba.
En cualquier caso, el Gobierno cubano anunció la liberación de 553 personas «sancionadas por delitos diversos», tras la intermediación del Vaticano con el Ejecutivo insular.
De acuerdo con un comunicado de la Cancillería del país caribeño, el presidente, Miguel Díaz-Canel, co9municó la decisión al papa Francisco «en los primeros días de enero» después de «un análisis cuidadoso a partir de las distintas modalidades que contempla la ley».
