El fiscal especial Jack Smith, encargado de investigar al expresidente Donald Trump en dos casos federales, ha anunciado su intención de renunciar antes de que Trump asuma la presidencia el próximo 20 de enero.
Smith lidera actualmente investigaciones que involucran el asalto al Capitolio por simpatizantes de Trump y la presunta retención de documentos secretos en su residencia de Mar-a-Lago.
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Fuentes cercanas a la oficina del fiscal especial y reportes del New York Times (NYT), confirmado por otros medios, indican que presentaría su dimisión junto a todo su equipo, dependiente del fiscal general Merrick Garland.
Esta decisión anticipada surge luego de que Trump declarara públicamente que planea despedir a Smith tan pronto como asuma la presidencia, alegando que, en su opinión, la investigación del fiscal es un ejemplo de la politización del Departamento de Justicia bajo la administración Biden.
Donald Trump busca intervenir activamente en las decisiones del Departamento de Justicia para erradicar lo que él percibe como persecución en su contra. Esta postura ha generado críticas intensas por parte de sus rivales políticos y defensores de la independencia judicial, quienes ven esta intervención como una amenaza a la imparcialidad del sistema judicial.
La renuncia de Smith, sin embargo, plantea algunas interrogantes importantes. Uno de los temas pendientes es si el fiscal especial entregará un informe final sobre sus investigaciones al fiscal general Garland antes de su renuncia, como exige la normativa.
Según informes del NYT , Smith quiere completar el informe antes de dejar el cargo, evitando así que esta tarea recaiga en un eventual sucesor. De igual modo, se desconoce si Garland hará público dicho informe antes del 20 de enero, lo cual podría tener implicaciones significativas en el contexto político y judicial que rodea a Trump.
POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA
El expresidente y su entorno frecuentemente señalan a Smith como un símbolo de la presunta «politización» de la justicia contra él.
Trump ha mantenido la postura de que una vez en el poder, cualquier acción de investigación en su contra sería anulada.
Este contexto ha provocado un debate sobre el alcance de la inmunidad presidencial. En julio pasado, el Tribunal Supremo dictaminó que Trump tiene inmunidad «absoluta» por los actos realizados durante su mandato, aunque no queda claro cómo esta protección podría afectar los casos en los que está involucrado actualmente.
Por su parte, el equipo legal de Trump ha insistido en que, como presidente electo, debería contar con las mismas garantías que un presidente en funciones, y ha presionado para que se abandonen los cargos que enfrenta en estos casos federales.
La defensa de Trump también busca que se desestimen las acusaciones en el juicio en Nueva York, donde se espera una sentencia próxima por el pago irregular a una actriz porno.
Este escenario sigue siendo un punto de tensión entre el expresidente y la administración actual, quienes, a medida que se acerca el cambio de mando, enfrentan decisiones cruciales sobre la independencia y la imparcialidad del sistema legal.
