El Gobierno francés reforzará la seguridad con apoyo militar ante las manifestaciones convocadas para el sábado 24 de octubre, después de reconocer errores en su respuesta a los saqueos, incendios y enfrentamientos del último fin de semana.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció ante la Asamblea Nacional un despliegue masivo y admitió fallos de inteligencia y planificación durante las protestas del 17 de octubre, que derivaron en hechos violentos en París, Marsella, Lyon y otras ciudades.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, precisó que los militares de la operación Sentinelle asumirán algunas funciones de seguridad para que policías y gendarmes puedan concentrarse en el mantenimiento del orden.
GOBIERNO RECONOCE ERRORES EN EL OPERATIVO
Lecornu sostuvo que las fuerzas policiales actuaron con un dispositivo demasiado estático y reconoció que las autoridades debieron cancelar las licencias de parte de los efectivos para aumentar la dotación disponible. Nuñez también asumió su responsabilidad por la respuesta a los incidentes.
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El Ejecutivo extendió, además, los toques de queda en sectores afectados por la violencia. Las restricciones incluyen zonas de Marsella, Niza y Burdeos, con horarios y perímetros determinados por las autoridades locales. El Gobierno atribuyó a estas medidas una noche de mayor tranquilidad.
ACUSACIONES CONTRA LA IZQUIERDA TENSAN EL DEBATE
Durante la sesión parlamentaria, Lecornu responsabilizó a grupos de extrema izquierda y ultraizquierda de organizar los actos violentos con el propósito de desestabilizar las instituciones. Estas acusaciones forman parte de las indagaciones que desarrollan los servicios especializados.
El primer ministro mencionó la detención de un sospechoso por el incendio que destruyó el histórico ayuntamiento de Limoges. Según las autoridades, el arrestado figuraba en una lista de vigilancia policial y pertenecía a un grupo de ultraizquierda. La investigación deberá esclarecer su eventual responsabilidad.
La disputa también alcanzó a La Francia Insumisa (LFI). Lecornu acusó a la formación de no condenar la violencia, mientras su coordinador, Manuel Bompard, rechazó los señalamientos y cuestionó que el Gobierno utilizara los servicios de inteligencia para vincular al partido con los disturbios.
Jean-Luc Mélenchon, líder de LFI, criticó las declaraciones del primer ministro y sus referencias al artículo 16 de la Constitución, que contempla poderes presidenciales excepcionales bajo determinadas condiciones. El dirigente advirtió sobre posibles restricciones a las libertades constitucionales. El Ejecutivo, por su parte, negó haber ordenado a los servicios secretos investigar a LFI como instigador de las movilizaciones.
NUEVAS MARCHAS Y PREOCUPACIÓN ECONÓMICA
Las convocatorias continúan en medio del malestar por el costo de vida y las condiciones de los servicios públicos. El sindicato estudiantil UNEF llamó a manifestarse el sábado para exigir mayor financiación educativa, mientras grupos vinculados a los chalecos amarillos retomaron sus reclamos por el encarecimiento de la energía.
La crisis también repercute en la economía. Carrefour informó pérdidas de decenas de millones de euros por robos y daños en sus locales. A su vez, el rendimiento de los bonos soberanos franceses a diez años alcanzó su mayor nivel en 24 años, en un escenario de inquietud entre los inversores.
Con las elecciones presidenciales de 2027 en el horizonte, el Gobierno enfrenta la presión de contener nuevos incidentes y responder a los cuestionamientos por las fallas del operativo anterior.
France: l’armée mobilisée en renfort de la police en prévision des manifestations de samedi
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— Jérôme Blanchet-Gravel (@Jerome_bg) October 20, 2026
