Gobierno de Maduro acusa a Machado de realizar acciones desestabilizadoras
Las autoridades venezolanas, encabezadas por el fiscal general Tarek William Saab, han vinculado activamente a la líder opositora María Corina Machado con “acciones desestabilizadoras” durante protestas en contra de su inhabilitación para participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Saab informó del arresto de dos colaboradores cercanos de Machado, Henry Alviárez y Dignora Hernández, ambos dirigentes de la organización política Vente Venezuela.
Según Saab, estas detenciones responden a planes de “acciones desestabilizadoras” destinadas a forzar la habilitación de Machado.
En los últimos días, activamente se ha procedido al arresto de siete colaboradores adicionales de Machado, y se han emitido otras siete órdenes de captura.
Saab afirmó que la intención de estos planes era generar desestabilización en el país, utilizando gremios sindicales y estudiantiles para incentivar a sectores militares a un levantamiento.
El fiscal activamente presentó un video de una supuesta “confesión” de uno de los detenidos, Emil Brandt Ulloa, quien afirmó que este plan estaba siendo financiado por la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional).
A pesar de los acuerdos anunciados entre el gobierno de Maduro y la oposición para revisar las inhabilitaciones de dirigentes opositores, la inhabilitación de Machado fue ratificada en enero.
El presidente Nicolás Maduro ha calificado a Machado como “doña violencia”. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han solicitado el levantamiento de la inhabilitación contra Machado, quien obtuvo una victoria significativa en las primarias de la principal alianza opositora, la Plataforma Unitaria, el año pasado.
Maniobras represivas
Las acusaciones del fiscal general Tarek William Saab contra la líder opositora María Corina Machado parecen una maniobra represiva más del régimen de Maduro para silenciar las voces disidentes. Vincularla de manera infundada a presuntos planes «desestabilizadores» a raíz de protestas por su inhabilitación electoral es una clara criminalización de la protesta pacífica.
Los arrestos de colaboradores cercanos a Machado y las órdenes de captura contra otros miembros de su organización Vente Venezuela denotan un uso abusivo del aparato judicial con fines políticos. La supuesta «confesión» forzada de uno de los detenidos implicando financiamiento de USAID resulta poco creíble y más bien parece una fabricación de pruebas.
A pesar de los acuerdos anunciados para revisar inhabilitaciones opositoras, la ratificación del veto a la candidatura de Machado, quien obtuvo un respaldo significativo en las primarias, demuestra la falta de voluntad democrática del oficialismo. Las calificaciones descalificadoras de Maduro contra ella evidencian su animadversión hacia una voz crítica de peso.
En lugar de recurrir a acusaciones poco sólidas, el gobierno debería permitir elecciones verdaderamente libres con todos los actores políticos. Mientras tanto, la comunidad internacional debe condenar estos intentos de criminalizar la disidencia y exigir el respeto a los derechos civiles y políticos en Venezuela.
Lea también Papa Francisco llama a no abandonar a migrantes en la selva del Darién
Llamo a la FANB, a los organismos de inteligencia y al pueblo a estar en máxima alerta ante las conspiraciones y los planes terroristas que los apellidos y la oligarquía planifican en contra del pueblo. Qué nadie venga a perturbar la recuperación económica y la fiesta electoral… pic.twitter.com/i7dgFvGqKK
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 19, 2024
