Internacional

Italianos rechazan reforma judicial de Meloni

Editado de agencias y medios internacionales por Cristian Navarro H.

Periodista

Meloni
Foto: Publicada en X por @GiorgiaMeloni
Giorgia Meloni sufrió un duro revés político luego de que la mayoría de los italianos rechazara en referéndum su controvertida reforma judicial.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, sufrió un importante revés político luego de que la mayoría de los votantes rechazara en referéndum su propuesta de reforma judicial, una de las iniciativas más controvertidas de su gobierno. Con dos tercios de los votos escrutados, el 54,19% se inclinaba por el “no”, frente al 45,81% que apoyaba el “sí”, según cifras del Ministerio del Interior italiano.

El resultado representa un golpe para Meloni, quien impulsó la consulta para modificar la Constitución y cambiar aspectos clave del funcionamiento del poder judicial. Entre los puntos centrales de la reforma figuraban la separación de las carreras de jueces y fiscales, además de cambios en el Consejo Superior de la Magistratura (CSM), el órgano encargado de supervisar a los magistrados del país.

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Tras conocerse la tendencia desfavorable, la jefa de gobierno reconoció el resultado y aseguró que respetará la decisión popular. “Los italianos han decidido y nosotros respetaremos esta decisión. Seguiremos adelante, como siempre hemos hecho, con responsabilidad, determinación y respeto al pueblo italiano y a Italia”, afirmó en un video difundido en su cuenta de X.

Desde la oposición, en tanto, las reacciones no tardaron en llegar. El líder del Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, celebró el resultado con un mensaje breve y directo: “Lo hemos conseguido. Viva la Constitución”.

Antes del conteo oficial, las encuestas a boca de urna ya anticipaban un escenario estrecho, aunque favorable al rechazo. Uno de los sondeos daba al “no” entre 49% y 53%, mientras otro le otorgaba una ventaja de 51,5% frente a 48,5%, dentro de un margen de error de 2,2 puntos.

Pese al traspié, Meloni descartó renunciar. Su gobierno sostiene que la reforma era necesaria para reforzar la imparcialidad del sistema judicial, pero sus detractores acusaron que la propuesta abría espacio para una mayor injerencia política sobre los magistrados, sin abordar problemas estructurales como la lentitud de los procesos o la crisis penitenciaria.

 

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