Un tribunal boliviano emitió un «mandamiento de aprehensión» (orden de arresto) contra el expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019).
Asimismo, lo declaró en “rebeldía” al no presentarse por segunda vez a la audiencia que debía resolver la acusación en su contra por trata agravada de personas, por supuestamente mantener una relación con una menor con la que habría tenido un hijo.
El juez Nelson Rocabado estableció, además, que se debe aplicar al exmandatario un “arraigo nacional”, darle una notificación por edicto de la resolución, la anotación preventiva de bienes y la congelación de sus cuentas.
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La defensa de Morales había argumentado que no podía ir a la audiencia a causa de una bronconeumonía y una bradicardia (frecuencia cardíaca baja). Sin embargo, el juez determinó que estos “no son elementos legítimos” para no haberse presentado.
Esta es la segunda ocasión en la que no asiste a una citación de la Justicia. El martes pasado sus abogados presentaron un certificado médico según el cual debía guardar reposo total por una bronconeumonía.
El magistrado le dio un plazo de 48 horas para que demostrara su enfermedad, cosa que no ocurrió hasta el viernes.
EL DELITO DEL QUE SE LE ACUSA
En diciembre pasado la fiscalía acusó a Morales del delito de trata de personas agravada. Esto, por mantener una relación con una menor de edad con la que tuvo un hijo en 2016. En ese entonces ella pertenecía a un grupo político juvenil creado durante su Presidencia.
A eso se suma, según la imputación, que los padres de la supuesta víctima la entregaron al expresidente a cambio de “favores”.
Ella, en todo caso, lo niega. Ha dicho que no ha sido víctima de trata y que “nadie la obligó a embarazarse”.
Así las cosas, Morales permanece desde octubre en el Trópico de Cochabamba (centro), su principal bastión político y sindical, bajo el resguardo de sus seguidores que lo protegen ante la posible ejecución de una orden de aprehensión en su contra.
PANORAMA JUDICIAL
Morales ha intentado por todos los medios desacreditar la investigación.
Sa defensa intentó recusarla diciendo que el juez ha actuado con falta de imparcialidad en el proceso.
Para su abogado, Jorge Pérez, el proceso es “ilegal”, ya que Morales “nunca” fue notificado.
Acusó, también, “prevaricato” al procesarlo por segunda vez en un mismo caso que, consideró, ya fue resuelto años atrás.
“El expresidente Evo Morales es una persona inocente, perseguida políticamente”, agregó.
Por su parte, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, dijo que se ingresa a una “nueva etapa” del proceso, por lo que la orden de arresto fiscal que se dictó en contra de Evo Morales el 16 de octubre del año pasado “queda sin efecto” y ahora rige la orden del juez.
