En un informe publicado este míercoles 26 de febrero, la Organización de Naciones Unidas (ONU) acusó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de desmantelar la independencia institucional del país y consolidar un Estado autoritario.
El organismo instó a la comunidad internacional a responder ante las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Gobierno nicaragüense.
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La denuncia de la ONU llega tras la entrada en vigor de una reforma constitucional que eliminó la separación de poderes y amplió las facultades del presidente.
LA ONU CONDENA EL CONTROL ABSOLUTO DEL GOBIERNO
El informe señala que Ortega y Murillo han transformado a Nicaragua en un régimen sin contrapesos institucionales. “Con una Constitución hecha a su medida, han creado una dictadura aún más grotesca que la que combatieron en el pasado”, afirmó Reed Brody, miembro del grupo de expertos de la ONU.
Además, el documento denuncia la existencia de una red de inteligencia gubernamental que vigila y reprime a la población. “Esta maquinaria es responsable de muertes, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y privación de la nacionalidad”, agregó Brody.
Por su parte, la experta uruguaya Ariela Peralta destacó que las acciones internacionales son clave para visibilizar la crisis nicaragüense y fomentar la aplicación de la jurisdicción universal contra los responsables de violaciones a los derechos humanos.
UNA REFORMA CONSTITUCIONAL PARA PERPETUAR EL PODER
La reforma constitucional, aprobada en noviembre y vigente desde febrero, concede a Ortega un control absoluto sobre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Según la ONU, estos cambios “eliminan los últimos vestigios de independencia institucional”.
El presidente del grupo de expertos, Jan-Michael Simon, advirtió que el Estado y el partido gobernante se han fusionado en “una maquinaria de represión”. La nueva normativa permite a cada copresidente nombrar un número ilimitado de vicepresidentes, lo que ha despertado especulaciones sobre la posible sucesión de Ortega y Murillo a través de sus hijos.
Asimismo, la reforma otorga al Ejecutivo el poder de suspender derechos constitucionales, movilizar al Ejército para tareas policiales y desplegar fuerzas paramilitares. “Esta estrategia recuerda a la represión de 2018, que dejó un saldo de 300 muertos”, alertó Brody.
Los aliados del Gobierno defienden los cambios como una profundización del proyecto revolucionario iniciado en 1979, cuando Ortega y el Frente Sandinista derrocaron a la dictadura de la familia Somoza. Sin embargo, el mandatario, que gobierna desde 2007 tras su retorno al poder, ha sido señalado por consolidar un sistema que restringe libertades, controla el poder judicial y domina los medios de comunicación.
#Nicaragua: 📢 Expertos y expertas de @un_hrc ha emitido un contundente informe, señalando que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha convertido al país en un Estado autoritario. ⚠️
Las instituciones independientes han desaparecido y las voces disidentes son… pic.twitter.com/LPMWaCOme5
— OACNUDH (@OACNUDH) February 26, 2025
