Internacional

Ley anticorrupción desata crisis política en Ucrania

Editado de agencias y medios internacionales por Cristian Navarro H.

Periodista

Ucrania
Foto: Publicado en X por @MundoEConflicto
Las protestas apuntan a la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania

En un hecho inédito desde el inicio de la guerra hace más de tres años en Ucrania, miles de ciudadanos salieron a protestar contra una nueva ley que, según sus críticos, debilita gravemente la independencia de las principales agencias anticorrupción del país. Las manifestaciones, iniciadas el martes por la noche y replicadas este miércoles 23 de julio en ciudades como Kiev y Lviv, constituyen el mayor acto de descontento civil dirigido al presidente Volodymyr Zelensky desde la invasión rusa en 2022.

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¿QUÉ AGENCIAS ESTÁN EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA?

Las protestas apuntan a la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en inglés) y a la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO), dos instituciones creadas tras la Revolución de la Dignidad de 2014 con el objetivo de combatir la corrupción de alto nivel y facilitar el camino de Ucrania hacia la Unión Europea.

Ambos organismos han sido claves en la persecución de funcionarios corruptos, incluso dentro del actual Gobierno. En junio pasado, NABU imputó a un viceprimer ministro por recibir un soborno de 345.000 dólares, y en los últimos meses se han abierto causas contra varios altos cargos.

¿QUÉ CAMBIA CON LA NUEVA LEY?

La ley aprobada por el Parlamento, y respaldada por Zelensky, otorga nuevas facultades al fiscal general, quien ahora podrá reasignar casos, remover investigadores y asumir un control más directo sobre las agencias. Aunque desde el Ejecutivo aseguran que la medida busca mejorar la eficiencia y «limpiar» posibles influencias rusas, para activistas y sectores opositores representa un retroceso democrático.

Legisladores y organizaciones internacionales han advertido que estos cambios podrían permitir al Ejecutivo interferir políticamente en investigaciones delicadas, debilitando la credibilidad de las instituciones ante la ciudadanía y los socios occidentales.

¿QUÉ DICE ZELENSKY?

El presidente ucraniano ha defendido la normativa como una forma de acelerar procesos judiciales y eliminar rezagos heredados del pasado. En sus declaraciones más recientes, aseguró que la prioridad es «garantizar justicia y eficacia institucional» y acusó a ciertos sectores de NABU de mantener vínculos con intereses rusos, sin entregar evidencia concreta.

La ley fue firmada apenas un día después de que agentes de seguridad detuvieran a dos funcionarios de NABU sospechosos de colaborar con Moscú, lo que fue calificado por diversos observadores como un acto de presión.

REACCIONES DENTRO Y FUERA DEL PAÍS

En las calles, las pancartas de los manifestantes —como «Mi hermano no murió por este futuro»— expresan la indignación de una población que ha soportado años de guerra y exige mayor integridad política.

En paralelo, la legislación ha generado inquietud en Bruselas y otras capitales europeas. La comisaria de Ampliación de la UE, Marta Kos, manifestó su “profunda preocupación”, mientras que el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, advirtió que Ucrania pone en riesgo su proceso de adhesión al bloque.

Transparencia Internacional Ucrania también se sumó a las críticas, acusando al Gobierno de “desmantelar” las reformas clave logradas desde 2014 y de comprometer la confianza internacional en el país.

RIESGOS PARA LA AYUDA INTERNACIONAL

La independencia de NABU y SAPO ha sido una condición fundamental para el flujo de miles de millones de dólares en ayuda occidental. Si se percibe que Ucrania da marcha atrás en la lucha contra la corrupción, ese respaldo financiero y político podría verse afectado en un momento crítico de la guerra con Rusia.

“En tiempos de guerra, la confianza entre el pueblo y sus líderes es más vital que las armas”, advirtió el comisario de Defensa de la UE, Andrius Kubilius.

Con las protestas en aumento y la presión externa creciendo, el Gobierno ucraniano enfrenta un dilema: cómo equilibrar la necesidad de control institucional con la exigencia nacional e internacional de mantener una lucha anticorrupción independiente y efectiva.

 

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