El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó este jueves 8 de enero de 2026 en su totalidad el proyecto de ley aprobado por el Congreso que pretendía disminuir las penas del expresidente Jair Bolsonaro y de otros involucrados en la conspiración golpista posterior a las elecciones de 2022. Jair Bolsonaro recibió una condena de 27 años de prisión luego de que la Justicia lo declarara culpable de intentar perpetuarse en el poder de forma autoritaria.
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El mandatario firmó la decisión durante un acto conmemorativo realizado en Brasilia, al cumplirse tres años del asalto a las sedes de los tres poderes del Estado, ocurrido el 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes del exmandatario irrumpieron y atacaron el Congreso, el Palacio del Planalto y la Corte Suprema.
DEFENSA DE LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA
En su discurso, Lula subrayó la solidez de las instituciones democráticas brasileñas y afirmó que los responsables del intento de golpe recibieron “un juicio justo, con todos sus derechos garantizados”. A su juicio, uno de los mayores signos del vigor democrático del país ha sido el proceso judicial llevado adelante por el Supremo Tribunal Federal.
El mandatario recalcó que la Justicia garantizó plenamente el derecho a defensa de los acusados, los juzgó con transparencia e imparcialidad y destacó el rol de los magistrados que condujeron el proceso, afirmando que su actuación quedará registrada en la historia.
UN VETO QUE PUEDE SER REVERTIDO
La ceremonia conmemorativa se desarrolló sin la presencia de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Davi Alcolumbre y Hugo Motta, quienes excusaron su ausencia por motivos personales. Tampoco asistieron representantes del STF, que optaron por realizar actividades institucionales separadas.
Pese al veto presidencial, el Congreso Nacional mantiene la facultad de insistir en el proyecto y aprobarlo sin la firma del jefe de Estado, si reúne los votos necesarios.
LOS BENEFICIOS QUE BUSCABA LA LEY
La iniciativa vetada incluía disposiciones que favorecían directamente a la cúpula del movimiento golpista. Entre ellas, impedía la acumulación de penas por los delitos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y de golpe de Estado, al considerarlos figuras penales similares y aplicar solo la sanción más grave, lo que reducía de forma sustantiva las condenas.
Además, contemplaba rebajas de hasta dos tercios de las penas cuando los delitos se cometieran en el contexto de una “multitud”, como ocurrió en los hechos del 8 de enero de 2023, y permitía una progresión más rápida al régimen semiabierto tras cumplir solo una sexta parte de la condena.
De haberse aprobado, Bolsonaro, altos mandos militares y exministros de su gobierno habrían podido salir del régimen cerrado en poco más de dos años, aunque con restricciones como pernoctar en prisión y pasar fines de semana recluidos durante un período definido por la Justicia.
Em evento sobre o 8 de Janeiro, Lula veta integralmente PL que reduz penas de condenados por atos golpistas https://t.co/wQvlWrwZm0 pic.twitter.com/SsVXKN6ZAv
— g1 (@g1) January 8, 2026
