Mahmoud Khalil, activista palestino y estudiante de posgrado en la Universidad de Columbia, sostiene en brazos a su hijo recién nacido mientras revive una noche que lo marcó para siempre: horas encerrado en una cárcel de inmigración en Louisiana, sin saber si llegaría a conocer al niño que acababa de nacer en Nueva York. “No puedo describir el dolor de esa noche”, dijo, conmovido, desde su departamento en Manhattan.
Lea también Netanyahu seguirá ataques a Gaza si Hamás no se desarma
Agentes federales vestidos de civil detuvieron a Khalil el 8 de marzo sin mostrarle una orden judicial, según denunció el activista. La detención, calificada por sus abogados como arbitraria, dio pie a su traslado a un remoto centro de detención en Jena, Louisiana, donde estuvo recluido por más de tres meses bajo duras condiciones.
DEMANDA MILLONARIA Y ACUSACIONES DE PERSECUCIÓN POLÍTICA
Ahora, semanas después de su liberación, Khalil ha presentado una demanda por 20 millones de dólares contra el gobierno de Donald Trump. En la acción judicial —que antecede una reclamación formal bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios— se acusa a las autoridades de haberlo encarcelado sin justificación, procesado maliciosamente y difamado públicamente como antisemita por su liderazgo en protestas propalestinas.
El escrito apunta al Departamento de Seguridad Nacional, ICE y el Departamento de Estado. La portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, calificó la acusación como “absurda” y acusó a Khalil de promover discursos de odio, algo que el activista niega tajantemente. Asegura que jamás ha sido acusado de delito alguno ni tiene vínculos con organizaciones terroristas.
“Están abusando de su poder porque se creen intocables”, afirmó Khalil. “A menos que sientan que hay algún tipo de responsabilidad, seguirán sin control”.
DE LA CÁRCEL A LOS TRIBUNALES: UNA BATALLA EN CURSO
Durante su reclusión, Khalil se convirtió en una figura de referencia para otros detenidos. Organizó sesiones de ayuda legal, asesoró a compañeros inmigrantes en sus trámites y se convirtió en una especie de celebridad en el centro, que albergaba a más de 1.200 personas. “Soy bastante bueno con la burocracia”, comentó entre risas.
El 20 de junio, un juez federal ordenó su liberación al considerar que su detención por motivos de política exterior era probablemente inconstitucional. Sin embargo, el gobierno volvió a la carga con nuevos cargos: presunta tergiversación de datos en su solicitud de residencia, los que su defensa califica como retaliatorios e infundados.
Pese a las amenazas y a la vigilancia constante, Khalil continúa comprometido con su activismo. Planea usar los fondos obtenidos —si gana el caso— para ayudar a otras víctimas de persecución por razones políticas y, si no, está dispuesto a aceptar una disculpa oficial y una reforma real en las políticas de deportación.
“No creo que se pueda responder a un genocidio de otra manera”, reflexionó mientras alimentaba a su hijo. “Ese es el imperativo moral cuando ves cómo tu pueblo es masacrado minuto a minuto”.
