La mayoría oficialista en la Cámara de Diputados de México aprobó una reforma constitucional que elimina siete organismos reguladores, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La medida, impulsada por el partido Morena y sus aliados, generó fuertes críticas de la oposición, que calificó la reforma como parte de un proyecto «autoritario».
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La reforma, que obtuvo 347 votos a favor y 128 en contra, aún debe ser aprobada por el Senado.
El gobierno afirmó que diferentes secretarías absorberán los organismos eliminados y garantizarán su «independencia técnica».
. Estos entes estaban enfocados en áreas como competencia económica, lucha contra la corrupción, telecomunicaciones, energía y política social.
La administración sostiene que los reguladores son onerosos y obstaculizan el papel del Estado como regulador económico, mientras que la oposición denuncia que esta decisión centraliza el poder y socava derechos fundamentales.
PREOCUPACIONES DEL INAI
La eliminación del INAI, encargado de garantizar el acceso a la información pública y proteger los datos personales, ha generado especial preocupación.
La ONU advirtió en agosto que su desaparición podría debilitar el derecho a la privacidad en México.
El INAI fue objeto de críticas frecuentes durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo acusó de favorecer a «delincuentes de cuello blanco».
Otro ente relevante afectado es la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), que supervisa el cumplimiento de las leyes antimonopolio.
Su eliminación ha despertado inquietudes respecto al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que exige la existencia de reguladores autónomos para garantizar la libre competencia.
Aunque el texto aprobado asegura que México seguirá respetando las disposiciones del T-MEC, analistas advierten sobre posibles repercusiones en la próxima revisión del tratado, programada para 2026.
La reforma ocurre en un contexto de mayorías amplias en el Congreso por parte del oficialismo, tras la elección de Claudia Sheinbaum como presidenta en junio pasado.
La oposición, sin embargo, ve en estas medidas una consolidación del poder y una amenaza a la independencia de instituciones clave para la democracia y la economía mexicana.
