La conmoción en México sigue en aumento tras los recientes hallazgos en el Rancho Izaguirre, un predio que habría sido utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como centro de reclutamiento y ejecución de personas. Ubicada en Teuchitlán, a una hora de Guadalajara, esta finca de más de 10,000 metros cuadrados albergó fosas clandestinas, restos óseos calcinados y numerosas pertenencias de las víctimas, según las investigaciones recientes.
DESCUBRIMIENTOS Y HALLAZGOS RECIENTES
Las primeras alertas sobre el rancho surgieron a mediados de 2024, cuando la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco realizaron un operativo en el que rescataron a dos personas secuestradas, hallaron un cadáver y detuvieron a diez presuntos delincuentes. No obstante, en esa primera inspección no se identificaron más pruebas de la magnitud de los crímenes cometidos en el lugar.
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Fue a inicios de marzo de 2025 cuando la organización civil Guerreros Buscadores de Jalisco, conformada por familiares de desaparecidos, ingresó nuevamente al sitio tras recibir llamadas anónimas. Fue entonces cuando descubrieron fosas con restos humanos calcinados, tres hornos clandestinos y cientos de prendas y objetos personales, lo que reveló la verdadera función del rancho.
UN SITIO DE EXTERMINIO Y ENTRENAMIENTO CRIMINAL
Según los testimonios de la organización y las pruebas recopiladas, el Rancho Izaguirre operaba como un campo de entrenamiento para nuevos reclutas del CJNG, así como un centro de ejecución para quienes no cumplían sus órdenes. En el lugar se hallaron libretas con listas de sobrenombres, cartas de despedida de víctimas, casquillos de bala y restos de cuerpos cubiertos con una losa de ladrillo y tierra.
Las impactantes imágenes de los hallazgos estremecieron a la opinión pública, ya que recuerdan escenas de exterminios ocurridos en conflictos bélicos del pasado.
La Fiscalía de Jalisco confirmó la existencia de «seis lotes óseos en cuatro espacios» y afirmó que el sitio albergó a tanto a miembros de grupos criminales como a sus víctimas.
INVESTIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
La inacción de las autoridades ha desatado una fuerte polémica, ya que no custodiaron el predio a pesar de haberlo inspeccionado meses atrás. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió una investigación a fondo y el deslinde de responsabilidades. A su vez, el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, cuestionó la falta de detección temprana del sitio y llevó la investigación a nivel federal, argumentando que «no es creíble» que las autoridades locales y estatales no conocieran la situación.
Las críticas también alcanzaron al alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murgía Santiago, y al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Mientras Murgía Santiago expresó su disposición a ser investigado, Lemus afirmó que «nadie se lava las manos» en el estado.
EL RECLUTAMIENTO FORZADO Y LA CRISIS DE DESAPARICIONES
El Rancho Izaguirre se suma a una lista de sitios utilizados por grupos criminales para entrenar y desaparecer personas.
Según un informe de Tejiendo Redes Infancia, el crimen organizado en México recluta anualmente entre 30,000 y 35,000 menores de edad.
Además, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reporta más de 121,000 personas desaparecidas en los últimos años, incluyendo 4,000 desde la llegada de Sheinbaum a la presidencia.
Jalisco ha sido un epicentro de desapariciones forzadas, con el CJNG como principal actor. Aunque las autoridades aún investigan si el rancho funcionaba exclusivamente como centro de entrenamiento, sí han confirmado la existencia de áreas para ejercicios tácticos y acondicionamiento físico, además de armamento y chalecos antibalas.
UN PATRÓN DE VIOLENCIA SISTÉMICA
El uso de instalaciones como el Rancho Izaguirre por parte del crimen organizado no es un fenómeno nuevo en México. En los últimos 20 años, se han encontrado al menos cinco sitios similares en distintos estados, donde se realizaban ejecuciones y desapariciones masivas.
Uno de los casos más recordados es el de Santiago Meza López, integrante del Cártel de Tijuana, quien confesó en 2009 haber disuelto en soda cáustica más de 300 cuerpos en predios clandestinos de Baja California.
El caso del Rancho Izaguirre ha reavivado las preocupaciones sobre la posible colusión entre el crimen organizado y ciertos sectores políticos y militares. Ante la presión social y la gravedad de los hallazgos, las autoridades han prometido esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, mientras la sociedad mexicana sigue exigiendo justicia y un freno definitivo a la violencia generalizada.
¿Cómo fue que un centro de entrenamiento y 3 crematorios del narco pudieron funcionar por años en el #RanchoIzaguirre, a 40 km de Guadalajara, sin que las autoridades se percataran? ¿Qué responden el exgobernador @EnriqueAlfaroR y el alcalde de Teuchitlán?https://t.co/3GbOECsTCL pic.twitter.com/U6gY7uWiyZ
— Eduardo R. Huchim (@EduardoRHuchim) March 13, 2025
