Javier Milei enfrentó este jueves su mayor revés político desde que asumió la presidencia hace 18 meses. El Senado argentino, con apoyo unánime de la oposición, aprobó una serie de iniciativas que implican un incremento en el gasto fiscal. Entre ellas destaca un aumento del 7,2% en las pensiones, junto con media sanción a dos proyectos que amplían el envío de fondos a las provincias.
El Ejecutivo interpretó la maniobra como un ataque directo a su principal logro económico: el superávit fiscal. Desde Casa Rosada calificaron el hecho como un “intento de golpe institucional” y el presidente advirtió que vetará las normas, además de judicializarlas para postergar su implementación al menos hasta después de las elecciones de octubre. “Vamos a vetar. Y si el veto se cae, lo vamos a judicializar”, afirmó Milei.
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ADVERTENCIAS, RUPTURA Y TENSIÓN INSTITUCIONAL
El oficialismo esperaba una derrota parlamentaria, pero no con los dos tercios necesarios para revertir un eventual veto presidencial. Ese resultado encendió las alarmas en el Gobierno, ya que demuestra el hartazgo de los gobernadores frente a lo que perciben como un ajuste fiscal que afecta desproporcionadamente a las provincias. El superávit, alegan, se construyó a costa de recursos que no fueron transferidos desde Nación.
El quiebre entre el Gobierno y varios mandatarios provinciales —algunos de ellos claves en la aprobación de leyes anteriores del plan de ajuste— se profundizó luego de que La Libertad Avanza intentara competir en sus distritos con candidatos propios para las próximas legislativas. El malestar terminó de consolidar una alianza entre gobernadores y el kirchnerismo, que impulsó junto a ellos la suba de pensiones, la declaración de emergencia para personas con discapacidad y la restitución de un fondo vetado para Bahía Blanca, afectada por recientes inundaciones.
ESCALADA VERBAL Y ACUSACIONES CRUZADAS
Previo a la sesión, el Gobierno ya había denunciado públicamente un supuesto “golpe institucional” orquestado por el kirchnerismo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que se trataba de una maniobra para «socavar los logros económicos» y acusó a la oposición de forzar una sesión irregular en el Senado sin convocatoria formal de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien preside la cámara alta.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también cuestionó la validez de la sesión, señalando que “afecta el equilibrio fiscal” y que fue organizada “como un golpe institucional”.
Pero los mayores roces se dieron dentro del propio oficialismo. Milei arremetió contra Villarruel, acusándola de traicionar al Gobierno por asistir a la sesión. Bullrich la señaló como cómplice de “la corporación política más abyecta de la historia”. Villarruel, que mantiene una relación cada vez más distante con el presidente, respondió acusando a Bullrich de haber integrado “una organización terrorista” en su juventud, y defendió la legalidad de la sesión con base en el reglamento del Senado.
ULTRADERECHA, TROLLS Y LLAMADOS A LA VIOLENCIA
Mientras el Gobierno buscaba instalar el relato del golpe institucional, sectores afines a la ultraderecha radicalizaron el discurso. Cuentas como El Trumpista y El Gordo Dan —este último un youtuber vinculado a las Fuerzas del Cielo y cercano al oficialismo— llamaron abiertamente a sacar tanques a la calle, formar milicias armadas y cerrar el Congreso.
La senadora peronista Juliana Di Tullio anunció que presentará denuncias penales por “intimidación pública, apología del delito y amenazas” contra quienes promovieron estos mensajes en redes sociales.
UN PARLAMENTO DESAFIANTE Y UNA PULSEADA ABIERTA
Con este episodio, Milei enfrenta una nueva fase de su mandato: un Congreso cohesionado en su contra y un frente de gobernadores decidido a condicionar el rumbo económico. En respuesta, el presidente apuesta a capitalizar el conflicto electoralmente, presentándose como víctima de “la casta” y prometiendo arrasar en las urnas en octubre.
Sin embargo, el respaldo legislativo que antes permitió avanzar parte de su programa parece hoy en retirada. La promesa de “no negociar con nadie” se enfrenta al desafío de un Senado con poder de veto, y a una oposición dispuesta a recuperar protagonismo institucional frente al avance del Ejecutivo.
