El Gobierno de Javier Milei restringió parcialmente el pasado miércoles el derecho a huelga en Argentina al ampliar. A través del Decreto 340/2025, incluyó modificaciones laborales dentro de una norma originalmente pensada para desregular el transporte marítimo y fluvial. En estos cambios hay una ampliación sustancial del listado de actividades esenciales, impactando directamente al derecho a huelga.
El decreto también introduce una nueva categoría llamada “actividades o servicios de importancia trascendental”, que deberán mantener un 50% de funcionamiento, incluso durante un paro. Las esenciales, por su parte, no podrán operar por debajo del 75%.
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HUELGA CON CONDICIONES
La medida cambia de forma significativa el escenario sindical. Ya no se podrá paralizar del todo el transporte público, la educación o los servicios aduaneros. Tampoco podrán detenerse completamente áreas como la minería, la producción de alimentos, el correo, la actividad bancaria o la gastronomía.
Hasta ahora, solo las actividades que ponían en riesgo la vida o la seguridad de la población eran consideradas esenciales. El nuevo esquema impone límites a una larga lista de sectores que, para el Gobierno, no pueden interrumpirse bajo ninguna circunstancia.
«INTENTO DE SUPRIMIR DERECHOS»
La reacción de los sindicatos no tardó. La Central General del Trabajo (CGT) señaló en un comunicado que “el Gobierno Nacional, a través del Decreto 340/2025, intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate ni análisis previo”.
Y agregaron. “La CGT no permanecerá en silencio frente a esta grave avanzada de un Gobierno que pretende borrar, una vez más, los derechos que tanto costó conquistar y defender”.
El repudio también llegó desde el ámbito jurídico. El abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano recordó que medidas similares ya fueron rechazadas. “Ya fue declarado inaplicable por inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.”
Y agregó. “Es contraria a lo que dictan la Constitución y las leyes y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
VIEJO DECRETO, NUEVO INTENTO
Esta no es la primera vez que Milei intenta modificar el régimen laboral sin pasar por el Congreso. Su primer megadecreto, firmado apenas asumido en diciembre de 2023, contenía una reforma similar. La justicia laboral la tumbó por inconstitucionalidad. Esta vez, el Gobierno reitera buena parte de ese texto bajo otra excusa: la regulación del sector marítimo.
Pero en el artículo tercero, el decreto avanza directamente sobre la Ley de Régimen Laboral, replicando disposiciones que ya fueron rechazadas por los tribunales.
PROTESTAS EN LAS CALLES
Mientras el Gobierno refuerza su cruzada contra las protestas públicas —las fuerzas de seguridad reprimieron esta semana a un grupo de jubilados que cortaba la calle—, los gremios se preparan para una nueva batalla legal.
“La modificación por decreto del derecho de huelga es ilegal”, advirtió Rodolfo Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Sergio Romero, de la CGT, fue aún más categórico: “El Gobierno recurre a metodologías antidemocráticas y antijurídicas”.
Desde el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), mediante un comunicado se sumaron a las críticas. “La enorme extensión de actividades que son amparadas por el decreto avanza sobre los derechos de prácticamente todas las personas con actividad laboral del país, violando derechos reconocidos por la Constitución”.
Y concluyeron. “La decisión del Gobierno no intenta cuidar la vida de la población, sino el ajuste que está llevando adelante y que es el que provoca la reacción social contra esas medidas. Por eso, más que nunca, la huelga y la protesta son derechos que necesitan protección”.
