A fines de enero, en el más estricto secreto, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) del Gobierno de Javier Milei activó un plan para espiar. La orden, firmada por el director general de Operaciones Diego Kravetz, fue “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” y a cualquier “actor no estatal” que pudiera capitalizar la creciente polarización política para influir en el electorado argentino.
El documento forma parte del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), una hoja de ruta de 170 páginas repleta de ambigüedades que fija los lineamientos estratégicos de la SIDE para los próximos años.
Entre los objetivos tradicionales —lucha contra el crimen organizado, terrorismo y defensa del Atlántico Sur—, se cuela una advertencia que enciende las alarmas democráticas: vigilar a quienes “erosionen” la confianza pública en las políticas económicas o de seguridad del Gobierno.
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LA AMBIGÜEDAD COMO TÁCTICA
El PIN no aclara quiénes son esos “actores”. Pero el margen de interpretación es tan amplio que en la mira pueden caer periodistas, economistas, activistas sociales o ciudadanos comunes. Todo aquel que cuestione las decisiones del presidente Javier Milei o su equipo podría ser considerado una amenaza al “orden institucional”.
Según reveló La Nación y verificaron dos fuentes independientes, las directivas ya circulan por al menos una decena de despachos oficiales. La SIDE pidió a sus agentes informes trimestrales con “conocimiento” sobre estos actores, sus motivaciones y el impacto político de sus acciones.
NUEVOS «SOSPECHOSOS»
Uno de los focos del espionaje estatal son los llamados “grupos sociales vulnerables”. La directiva pide determinar sus “dinámicas de radicalización” y su influencia política.
La amplitud del término deja espacio para incluir movimientos sociales, piqueteros o incluso comedores populares. También alcanza a los jubilados que protestan todos los miércoles frente al Congreso, exigiendo aumentos en sus pensiones. La respuesta habitual del Gobierno ha sido el despliegue policial, gases lacrimógenos y represión.
EL PRIMER «BLANCO»
La primera víctima del operativo fue el periodista que reveló el documento: Hugo Alconada Mon, uno de los investigadores más respetados del país. Tras la publicación, sufrió diez intentos de hackeo a su WhatsApp, ataques a su cuenta de X, amenazas por mensaje y la creación de cuentas falsas en sitios para adultos a su nombre.
Alconada Mon no recibió protección oficial ni solidaridad gubernamental. Por el contrario, Milei reposteó el comunicado oficial que niega las persecuciones, acusó al “90% del periodismo” de ser “los mayores creadores de noticias falsas en la historia de la humanidad”, y días antes había escrito que los argentinos “no odian lo suficiente a los periodistas.”
MÁS PRESUPUESTO, MENOS CONTROL
Mientras el presidente aplica su “motosierra” a áreas sensibles como salud, educación y ciencia, la SIDE va en dirección contraria. el presupuesto del organismo aumentó un 68% desde enero. Los gastos reservados, que no requieren rendición pública, subieron un 254%.
La SIDE opera bajo la influencia de Santiago Caputo, asesor sin cargo formal en el Gabinete, lo que le permite moverse fuera de los controles institucionales. Es el cerebro político detrás del plan y del relato de la “guerra cultural” del Gobierno libertario.
Caputo, sin estar en el Gabinete, maneja poder e influencia sin responder legalmente como sus pares. Su control de la SIDE lo convierte en el principal arquitecto de la vigilancia estatal.
ESPIONAJE EXTERNO
El PIN también menciona a actores internacionales. Ordena vigilar posibles “acciones locales” impulsadas por estados extranjeros para interferir en la política argentina, con tácticas como ciberataques o financiamiento de figuras alineadas.
Aunque no se citan países, el texto menciona a Estados Unidos e Israel como aliados estratégicos, mientras el Reino Unido queda excluido por el conflicto de Malvinas.
¿ESPIONAJE A LA OPOSICIÓN?
La SIDE también apunta a quienes puedan “manipular” a la opinión pública durante procesos electorales o difundir “desinformación”.
La referencia parece aludir a un episodio reciente. La circulación de un video deepfake con inteligencia artificial que mostraba a Mauricio Macri apoyando a Milei en elecciones municipales. Lejos de condenarlo, el Presidente celebró el contenido y calificó a Macri de “llorón” por denunciarlo.
La Casa Rosada insiste en que no espía opositores. “Este es el primer Gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores”, reza el comunicado oficial.
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