Motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicolás Maduro cometió “crímenes de lesa humanidad” antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio detectó la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela.
Es la conclusión obtenida luego de investigar el periodo entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, que termino en un informe de 158 páginas.
En él acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género.
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De acuerdo con la Misión, las fuerzas de seguridad estuvieron “involucradas masivamente” en violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes.
Sindica como principales responsables delos crímenes de lesa humanidad a los servicios de inteligencia civil (Sebin) y militar (Dgcim), así como la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional.
Del mismo modo, asegura que “las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia”.
INSTITUCIONES CUESTIONADAS
Según el informe, el Consejo Nacional Electoral “incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad”; la Asamblea Nacional fue “instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático”, mientras que el sistema de justicia, que “siguió operando con falta de independencia”.
El documento establece, además, que el perfil de las víctimas de la represión -en relación con un estudio de2019- “se amplió de manera significativa” en el periodo electoral y abarcó no solo a líderes de la oposición y sociales.
Es decir, los abusos también fueron sufridos por “ciudadanos comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades”.
La misión que preside la jurista portuguesa Marta Valiñas destaca en el informe que en los diez meses anteriores a las elecciones al menos 48 personas fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el Gobierno, muchas de ellas en la llamada operación Brazalete Blanco, y en la campaña electoral hubo otras 121 detenciones por colaborar en actividades de la oposición.
