El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, un proyecto de reforma legal al Parlamento con el propósito de negar el ingreso al país a personas consideradas un «riesgo social» o que «puedan menoscabar la soberanía nacional».
La iniciativa también propone sancionar con penas de dos a seis años de prisión a quienes ingresen, salgan o intenten salir de Nicaragua de manera irregular con multas que comprometan la integridad, soberanía o estabilidad del país.
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REFORMA A LA LEY DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA Y AL CÓDIGO PENAL
La propuesta de Ortega incluye una reforma a la Ley General de Migración y Extranjería, así como una adición al Código Penal. Según el texto, la Dirección General de Migración y Extranjería tendrá amplia discrecionalidad para autorizar o denegar el ingreso al país, revocar la permanencia, cancelar la residencia y, en casos específicos, retirar la nacionalidad nicaragüense adquirida.
En el artículo 10, inciso 11, se establece que Migración y Extranjería podrá decidir sobre la concesión o rechazo de visas a extranjeros.
En el inciso 12, se detalla la potestad de negar el ingreso a personas que puedan representar un riesgo para la soberanía o el orden social de Nicaragua.
Asimismo, la institución estará facultada para cancelar o denegar prórrogas de residencia y resolver sobre la adquisición o pérdida de nacionalidad.
PENAS POR EVASIÓN DE CONTROLES FRONTERIZOS
La reforma contempla sanciones penales en el artículo 318, donde se tipifica el delito de «evasión de control fronterizo».
Aquellas personas que ingresen, salgan o intenten salir de Nicaragua de manera irregular por puntos no habilitados y con intenciones de menoscabar la soberanía nacional serán castigadas con penas de prisión de entre dos y seis años.
La iniciativa ha generado preocupación en sectores nacionales e internacionales. La ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más denunció que, bajo estas normativas, se han documentado 111 casos de apatridia de facto.
Entre los afectados se encuentran religiosos, periodistas, defensores de derechos humanos, empresarios, feministas, músicos y políticos opositores.
Estas personas, aunque reconocidas como nacionales según la legislación nicaragüense, han sido privadas de derechos fundamentales y protección estatal.
CONCENTRACIÓN DE PODER
La reforma a la Ley de Migración se suma a una reciente propuesta de modificación constitucional aprobada en primera instancia por el Parlamento.
Este cambio otorga más poder al Ejecutivo, permitiendo al presidente contar con un copresidente y una copresidenta no electos por el voto popular, además de designar vicepresidentes.
Según críticos, estas medidas consolidan aún más el control de Ortega, quien gobierna desde 2007 con una mayoría parlamentaria sandinista.
La comunidad internacional sigue de cerca las implicaciones de estas reformas, que podrían impactar significativamente en la movilidad y los derechos de los ciudadanos nicaragüenses y extranjeros.
