Tras una intensa redada policial contra una conocida banda de narcotraficantes, los habitantes de una favela en Río de Janeiro pasaron la noche trasladando cuerpos dentro y alrededor de su comunidad y alineándolos en una plaza central.
Al amanecer del miércoles, al menos 50 jóvenes, en su mayoría sin camisa, yacían en el suelo en Penha, uno de los dos sectores donde se desarrolló la operación policial más letal de Río de Janeiro, criticada como un ejemplo más de “uso excesivo de la fuerza en Brasil”.
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Cientos de vecinos y familiares rodeaban los cuerpos; algunos lloraban mientras otros gritaban “masacre” y luego coreaban “justicia”, según informó un periodista de The Associated Press en el lugar.
OPERATIVO
La operación del martes, que involucró a 2.500 policías y soldados con helicópteros, vehículos blindados y patrullas a pie, dejó al menos 64 muertos, entre ellos 60 presuntos integrantes de la banda y cuatro policías, según el gobernador Claudio Castro y la policía.
No obstante, los residentes sostienen que el número real podría ser mayor y que algunos cuerpos recogidos probablemente no se incluyeron en el conteo oficial. Varios fueron hallados en una ladera boscosa cercana a la comunidad.
Para el mediodía, los equipos forenses habían recuperado los cuerpos, y el gobierno estatal aún no respondía a solicitudes de comentarios.
Raull Santiago, activista local, señaló que participó en un equipo que encontró unos 15 cuerpos antes del amanecer.
“Vimos personas ejecutadas: disparos en la espalda, disparos en la cabeza, heridas de arma blanca, personas atadas. Este nivel de brutalidad, el odio esparcido, no hay otra forma de describirlo, excepto como una masacre”, afirmó Santiago.
GUERRA CONTRA EL NARCOTERRORISMO
Castro declaró el martes que Río de Janeiro estaba en guerra contra el “narcoterrorismo”, un término que recuerda la estrategia de la administración del expresidente estadounidense Donald Trump en su lucha contra las drogas en América Latina. Según el gobierno estatal, los fallecidos habían resistido la acción policial.
Las redadas letales han marcado a Río durante décadas. En marzo de 2005, las fuerzas de seguridad mataron a 29 personas en la región de Baixada Fluminense, y en mayo de 2021, asesinaron a 28 en la favela de Jacarezinho.
OPERACIÓN SIN PRECEDENTES
Sin embargo, la magnitud y letalidad de la redada del martes no tienen comparación. ONG y el organismo de derechos humanos de la ONU manifestaron rápidamente preocupación por el alto número de muertes y exigieron investigaciones.
El objetivo declarado era capturar líderes y frenar la expansión territorial del Comando Vermelho (Comando Rojo), que ha incrementado su control sobre varias favelas.
El gobierno estatal detuvo a 81 sospechosos e incautó 93 rifles y más de media tonelada de drogas.
La operación provocó tiroteos y represalias de la banda, generando caos en distintos puntos de la ciudad. Las escuelas de las zonas afectadas cerraron, una universidad canceló clases y carreteras fueron bloqueadas con autobuses como barricadas.
Se reportó que miembros de la banda atacaron a la policía con al menos un dron. El gobierno de Río compartió un video en X que parecía mostrar un dron disparando un proyectil desde el aire.
RÍO DE JANEIRO
El gobernador Castro, del Partido Liberal, afirmó que Río estaba “solo en esta guerra” y criticó que el gobierno federal no proporcionara más apoyo para combatir el crimen, en un comentario hacia la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El Ministerio de Justicia respondió que ya había desplegado fuerzas nacionales al estado 11 veces, en respuesta a solicitudes del gobierno estatal. Gleisi Hoffmann, enlace de la administración de Lula con el Parlamento, coincidió en la necesidad de una coordinación más fuerte, pero citó recientes acciones contra el lavado de dinero como ejemplo de intervención federal.
El jefe de gabinete de Lula, Rui Costa, convocó una reunión de emergencia el miércoles con autoridades de Río y el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski.
ORGANIZACIONES CRIMINALES
Las organizaciones criminales han ampliado su presencia en Brasil en los últimos años, incluso en la selva amazónica.
Filipe dos Anjos, secretario general de FAFERJ, organización de derechos de las favelas, sostuvo que estas operaciones no solucionan el problema porque los muertos son reemplazables rápidamente.
“En unos 30 días, el crimen organizado ya estará reorganizado en el territorio, haciendo lo que siempre hace: vendiendo drogas, robando cargamentos, cobrando pagos y cuotas”, dijo.
“En términos de resultados concretos para la población, para la sociedad, este tipo de operación no logra prácticamente nada”, añadió.







