La Organización de Estados Americanos (OEA) acordó este viernes crear un grupo de países miembros para establecer un diálogo con las autoridades de Nicaragua. La instancia tendrá 60 días para presentar sus conclusiones, en medio de la preocupación regional por las decisiones del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La resolución se aprobó por consenso durante una sesión extraordinaria en Washington, donde cancilleres y representantes de los 32 países activos del organismo expresaron su inquietud por el “continuo desmantelamiento de la democracia representativa en Nicaragua”.
El grupo estará integrado por miembros que participen voluntariamente y buscará un acercamiento rápido y directo con Managua. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, defendió esa vía como una forma de mantener la cooperación regional.
“Lo más importante es buscar el diálogo con los que mandan, para honrar el espíritu de cooperación en esta región”, afirmó.
OBLIGACIONES PESE A SU SALIDA DE LA OEA
Nicaragua abandonó la organización en noviembre de 2023, lo que limita la capacidad del organismo para aplicar colectivamente medidas de aislamiento o sanciones. Sin embargo, los países reunidos señalaron que esa salida no elimina sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
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La declaración recordó que Managua continúa sujeta a las exigencias de la Carta Democrática Interamericana y a los instrumentos de protección de esos derechos.
La decisión ocurre después de que Ortega anunciara que el país dejaría de celebrar elecciones y de que la Asamblea nicaragüense aprobara, a comienzos de septiembre, una reforma electoral que excluyó a la oposición.
BRASIL Y URUGUAY EXPRESAN RESERVAS
Aunque la resolución obtuvo el respaldo de todos los participantes, Brasil y Uruguay dejaron constancia de sus reservas frente al apartado que advierte que las decisiones del gobierno nicaragüense podrían poner en peligro la paz y la seguridad regional.
El embajador brasileño ante la OEA, Benoni Belli, cuestionó la idea de una “paz por la fuerza” y sostuvo que ese enfoque compromete la soberanía nacional.
Estados Unidos, en cambio, destacó el consenso como una señal de presión sobre Managua. El vicesecretario de Estado, Christopher Landau, afirmó que la resolución demuestra que los países de la región mantienen su atención sobre las acciones del gobierno nicaragüense.
Washington ha impuesto sanciones contra la pareja presidencial, sus familiares, funcionarios y empresas públicas del país.
PREOCUPACIÓN POR LA PRESENCIA EXTRANJERA
La reunión también abordó la participación de China y Rusia en sectores como la defensa y la minería en Nicaragua, un asunto al que Estados Unidos atribuye especial relevancia.
Tras las negociaciones, los representantes expresaron su preocupación por el riesgo de interferencia extranjera en ámbitos de seguridad, suministro de tecnología e intercambio de información.
La relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosa María Payá, denunció que los nicaragüenses viven bajo una dictadura y sostuvo que la situación tiene consecuencias que trascienden las fronteras del país.
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