Seis destacadas organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la existencia de una política sistemática y sostenida de represión contra personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. La audiencia pública fue solicitada en representación de un conjunto de organizaciones nacionales venezolanas, y tuvo como objetivo visibilizar la agudización de los ataques y persecuciones impulsadas por el Estado venezolano.
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Las organizaciones alertaron sobre un patrón deliberado de hostigamiento que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, anulación de pasaportes, criminalización, vigilancia digital, amenazas y campañas de estigmatización. Tan solo en la primera mitad de 2024 se registraron más de 592 agresiones contra personas defensoras. En 2025, una organización local ha documentado 236 ataques e incidentes de seguridad, lo que confirma la persistencia de este escenario represivo.
CASOS EMBLEMÁTICOS Y PATRONES DE PERSECUCIÓN
Entre los casos más graves se encuentra el de Eduardo Torres, beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, quien fue víctima de una desaparición forzada seguida de detención arbitraria. Actualmente permanece incomunicado en la sede del SEBIN en El Helicoide, sin acceso a defensa ni contacto con familiares.
Uno de los mecanismos más alarmantes ha sido la anulación arbitraria de pasaportes, utilizada como herramienta para restringir la movilidad de personas defensoras e impedir su participación en espacios internacionales. Esta medida, aplicada sin notificación oficial, ha afectado incluso a familiares y en algunos casos ha precedido detenciones o desapariciones.
RESTRICCIÓN DEL ESPACIO CÍVICO MEDIANTE LEGISLACIÓN REPRESIVA
Las organizaciones también denunciaron el cierre progresivo del espacio cívico, agudizado tras la aprobación de la Ley de Fiscalización de ONG en agosto de 2024. Esta normativa impone sanciones desproporcionadas y requisitos imposibles de cumplir, generando un clima de hostilidad y vigilancia. Además, otras leyes como la Ley Contra el Odio, la Ley Simón Bolívar y proyectos recientes sobre “antifascismo” y “cooperación internacional” refuerzan el marco legal que permite la criminalización de la labor humanitaria. A esto se suma la instrumentalización del sistema bancario mediante normativas antilavado que dificultan el funcionamiento financiero de las organizaciones.
LLAMADO A FORTALECER LA ACCIÓN INTERNACIONAL
Durante la audiencia, las organizaciones firmantes valoraron el informe de la CIDH sobre violaciones de derechos humanos en el contexto electoral, publicado a inicios de 2025. No obstante, frente a la gravedad persistente de la situación, solicitaron a la Comisión:
- Fortalecer el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE), en coordinación con relatorías y otros órganos internacionales.
- Reportar de manera regular la situación venezolana ante los órganos políticos de la OEA.
- Reforzar el sistema de medidas cautelares, incluyendo llamados expresos para la liberación de personas defensoras detenidas arbitrariamente.
“Venezuela vive una de las crisis más profundas y prolongadas de la región. En este contexto, las personas defensoras de derechos humanos siguen siendo esenciales para documentar abusos, acompañar a las víctimas y preservar la memoria”, indicaron las organizaciones. Su protección, insistieron, requiere un compromiso firme, sostenido y diferenciado por parte de la comunidad internacional.
#ÚLTIMAHORA La ONU denuncia el cierre de varias ONG y el exilio de más de un centenar de activistas por la persecución en Venezuela https://t.co/CGnkzKeNh1 pic.twitter.com/4AHQPOP98U
— Monitoreamos (@monitoreamos) June 27, 2025
