Panamá no encuentra sosiego. Desde finales de abril, el país vive días de agitación como no se veían desde la caída de la dictadura. Gremios docentes, sindicatos, estudiantes e indígenas levantaron una ola de protestas a nivel nacional que mantiene paralizados sectores clave y expone el profundo malestar social acumulado por décadas.
El detonante fue triple: una reforma previsional rechazada por amplios sectores, la posibilidad del retorno de bases militares estadounidenses y la tentativa de reabrir una mina cerrada por la Corte Suprema. Pero el verdadero motor está en las raíces.
La escena se repite con intensidad. Marchas que avanzan hacia el Palacio de las Garzas, cortes en la carretera Panamericana, enfrentamientos con la policía y denuncias por represión desmedida. Desde las fincas bananeras de Bocas del Toro hasta la Ciudad de Panamá, pasando por las comunidades indígenas del Darién, el país entero parece haber entrado en estado de movilización.
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LO QUE ESTÁ DETRÁS DEL ESTALLIDO
Panamá es, según los organismos internacionales, uno de los países más desiguales de América Latina. Para el sociólogo Harry Brown Aráuz, “Panamá ya no es el país políticamente estable que fuimos desde la transición a la democracia”. Su diagnóstico es compartido por el politólogo Juan Diego Alvarado: “Hay un agotamiento de todo lo que conocemos”.
Ese desgaste es político y económico. Mientras una élite concentró durante tres décadas los frutos de un crecimiento espectacular, vastos sectores sociales vieron empeorar sus condiciones de vida. La informalidad laboral, los salarios bajos y la falta de servicios básicos son apenas la punta del iceberg. A esto se suma una ciudadanía cada vez más excluida de las decisiones públicas.
Los antecedentes de esta crisis abundan. En 2019, la ciudadanía bloqueó una reforma constitucional inconsulta. En 2022, las calles estallaron por el costo de vida. En 2023, la lucha contra la minería arrastró a miles a protestar durante meses. Hoy, la amenaza de una jubilación de miseria y un gobierno percibido como “entreguista” a los intereses extranjeros alimentan el incendio social.
DEL «CHEN CHEN» AL GARROTE
José Raúl Mulino asumió la presidencia en julio de 2024 con el respaldo del expresidente Ricardo Martinelli y la promesa de poner dinero en los bolsillos de la gente. Hoy, con las arcas vacías y sin margen de maniobra política, su promesa suena hueca. La respuesta oficial a las protestas ha sido endurecer el tono, criminalizar la protesta y avanzar con detenciones.
En febrero, Mulino tildó de “mafia” y “maleantes” al sindicato Suntracs, el más influyente del país. Y lanzó una advertencia: “Van a pagar el precio de la ley”. Desde entonces, varios de sus dirigentes han sido arrestados bajo cargos polémicos. El caso más resonante es el de Saúl Méndez, secretario general del gremio, quien solicitó asilo político en la embajada de Bolivia. “Es el símbolo de una persecución que no tiene precedentes”, afirman desde organizaciones de derechos humanos.
Mulino también minimizó la histórica protesta minera de 2023, llamando “cinco gatos” a los millones de manifestantes. Pero la calle parece no haberlo olvidado. En lugar de tender puentes, su gobierno reforzó los equipos antimotines y autorizó mayor uso de la fuerza.
¿UNA SALIDA POSIBLE?
El deterioro institucional y el creciente autoritarismo encendieron alertas dentro y fuera del país. Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado el uso excesivo de la fuerza y la falta de espacios de diálogo.
“La gente no está dispuesta a ceder con la mina”, afirma la politóloga Claire Nevache, quien también señala otras demandas urgentes: “Mejores políticas públicas, lucha contra la corrupción y más equidad”.
Para la abogada Ana Carolina Rodríguez, la responsabilidad de frenar la crisis recae directamente en la presidencia: “Es el único que puede calmar los ánimos en estos momentos. Empezando por reconocer sus propios desaciertos, sus epítetos desafortunados y su intromisión en otros órganos del Estado”.
La solución no parece estar en la represión. “Hay que reformar y actualizar nuestro sistema de representación”, propone Brown Aráuz. Solo así, sugiere, se podrá canalizar institucionalmente un descontento que hoy rebalsa las calles.
Si el Pueblo, los repudia, los rechaza, porque no recogen su cachivaches y se largan y dejan de joder a el Pueblo. pic.twitter.com/94Or8TNIVI
— Ivan Montalvo (@IvanMon07722658) May 29, 2025
