El gobierno de Perú confirmó la muerte de 13 trabajadores de una mina de oro que fueron secuestrados en un yacimiento ubicado al norte en la provincia de Pataz.
Según fuentes policiales, se encontraban en lo que sería un socavón, maniatados, vendados y desnudos cuando fueron ejecutados con un disparo en el cuello por parte de los criminales.
La compañía minera Poderosa, que explota el yacimiento minero, especificó que los 13 trabajadores fueron secuestrados desde hace una semana y posteriormente asesinados «cruelmente por los criminales aliados a la minería ilegal».
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Las víctimas brindaban servicios a un minero artesanal con quien la minera Poderosa “mantiene un contrato de explotación”, según explicó la compañía en un comunicado difundido el último viernes.
La minera informó que, previamente, los delincuentes atacaron la operación del minero artesanal para tomar su control y criticaron al gobierno y al congreso por transformar la localidad en “un territorio sin ley”.
Los trabajadores eran parte de la empresa R&R y, según confirmó el general PNP Carlos Llerena Portal, jefe de la Región Policial La Libertad, el plagio ocurrió exactamente el 25 de abril.
De acuerdo con lo afirmado por los familiares, los secuestradores exigían una alta suma de dinero a la compañía minera a cambio de su liberación.
«TERRITORIO SIN LEY»
La compañia Poderosa dijo que en el último tiempo han sido 39 trabajadores asesinados por las bandas criminales. Acusaron que han tomado el control en Pataz, provincia que actualmente estaría «convertida en un territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente».
Hizo un llamado urgente al gobierno de Perú, a fin de que replantee su estrategia para enfrentar la criminalidad y lograr la captura de los delincuentes que operan en la zona y que atacaron la mina.
Aún así, advirtió que no será posible derrotar la delincuencia si la policía sigue sin ingresar a interdictar las bocaminas ilegales, donde se guarecen y desde donde actúan las bandas criminales.
Asimismo, denunciaron que la ubicación de esos puntos está plenamente identificada y georreferenciada.
Enfatizaron que corresponde la «mayor responsabilidad» a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, porque «sigue sin atender los pedidos de exclusión» presentados por la empresa para retirar de sus concesiones a los mineros informales e ilegales que siguen operando sin ningún tipo de restricción.
