En un anuncio que ha sacudido el panorama político colombiano, el presidente Gustavo Petro informó que convocará por decreto una consulta popular sobre su reforma laboral, luego de que el Senado rechazara la iniciativa en una votación que el mandatario tildó de fraudulenta.
Durante una alocución televisada, el jefe de Estado explicó que firmará esta semana el decreto correspondiente, y que la Corte Constitucional será la encargada de pronunciarse sobre su legalidad. Según adelantó el ministro del Interior, Armando Benedetti, la consulta podría realizarse a fines de julio o comienzos de agosto.
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La propuesta de reforma, uno de los pilares del gobierno de Petro, contempla medidas como el fortalecimiento de derechos sindicales, la ampliación de licencias de paternidad, la regulación del trabajo en plataformas digitales y mejoras en recargos por trabajo nocturno. Sin embargo, la falta de respaldo legislativo llevó al presidente a optar por un camino alternativo: consultar directamente al electorado.
UNA CONSULTA SIN PRECEDENTES Y BAJO CUESTIONAMIENTO LEGAL
El anuncio ha sido duramente cuestionado por juristas, legisladores y figuras de oposición. Expertos advierten que el presidente podría estar excediendo sus funciones y rompiendo el principio de separación de poderes. “La ley es clara: toda consulta popular requiere aval del Senado”, señaló el constitucionalista Rodrigo Uprimny.
El Consejo de Estado, que revisa la legalidad de actos administrativos, ya recibió demandas contra la votación parlamentaria y podría emitir medidas cautelares. La Registraduría Nacional, por su parte, aún debe definir si implementará el decreto o esperará un fallo judicial.
Desde el Senado, su presidente, Efraín Cepeda, y otros opositores como Miguel Uribe anunciaron que interpondrán acciones legales inmediatas contra el decreto. “Lo vamos a enfrentar, lo vamos a detener y lo vamos a derrotar”, sostuvo Uribe.
REACCIONES ENCENDIDAS Y ADVERTENCIAS SOBRE RUPTURA INSTITUCIONAL
El anuncio también desató reacciones desde distintos sectores políticos. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó la movida como autoritaria; la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez la tildó de inconstitucional; y el expresidente Álvaro Uribe denunció un “quiebre constitucional”.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en que la Corte Constitucional es la instancia competente para definir la validez del decreto, dado que la consulta busca restituir derechos ciudadanos. “Si el Congreso actúa inconstitucionalmente, el Ejecutivo tiene la obligación de defender la democracia”, defendió el exfiscal Eduardo Montealegre.
UN ESCENARIO INÉDITO CON ALTO COSTO POLÍTICO Y JURÍDICO
Colombia entra así en un terreno legal inexplorado, con una consulta popular por decreto sin precedentes y un conflicto institucional latente entre los poderes del Estado. Según ‘La Silla Vacía’, la organización del proceso podría costar unos 700 mil millones de pesos y requerir la participación de al menos 13 millones de votantes para ser válido.
Mientras la Corte y el Consejo de Estado se preparan para pronunciarse, el país observa expectante el curso que tomará esta iniciativa presidencial, que podría redefinir los límites del poder ejecutivo en el marco democrático colombiano.
Hay una tormenta política en el país después de que el presidente Gustavo Petro anunciara convocar la consulta popular sobre asuntos laborales por decreto. El argumento del Gobierno es que el Senado nunca se pronuncio en torno al aval de la iniciativa por supuestos vicios en su… pic.twitter.com/oGShWlZxU6
— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 4, 2025
