La Fiscalía de París solicitó cinco años de prisión y cinco años de inhabilitación para ocupar cargos públicos contra Marine Le Pen, líder de la ultraderecha francesa y presidenta del partido Agrupación Nacional.
De aprobarse esta sentencia, su participación en las elecciones presidenciales de 2027 podría verse seriamente afectada.
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Desde hace semanas, Le Pen ha defendido enérgicamente su inocencia ante las acusaciones de malversación de fondos del Parlamento Europeo, afirmando que son injustas.
La solicitud de los fiscales incluye además una multa de 300.000 euros y la ejecución provisional de la inhabilitación, lo cual implicaría que, incluso si apelara, Le Pen no podría presentarse en futuras elecciones hasta que el fallo sea definitivo.
El juicio de alto perfil concluirá el 27 de noviembre, aunque podría emitir el veredicto en una fecha posterior.
El partido de Le Pen, Agrupación Nacional, junto con otros 25 funcionarios, enfrenta acusaciones de haber utilizado fondos destinados a asistentes parlamentarios europeos para financiar a personal que en realidad trabajaron para el partido entre 2004 y 2016, una práctica prohibida por las regulaciones de la Unión Europea.
En ese período, el partido operaba bajo el nombre de Frente Nacional.
Le Pen expresó su apoyo a Donald Trump, quien también enfrenta desafíos legales, reflejando la perseverancia de ambos líderes en sus aspiraciones políticas.
En el tribunal, Le Pen ha mostrado un carácter desafiante, siguiendo los procedimientos de cerca y expresando su desacuerdo de manera visible y audible en cada instancia.
PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DE LE PEN ES LA INHABILITACIÓN
La principal preocupación de la líder de ultraderecha es la inhabilitación que podría impedirle postularse en 2027.
A lo largo del juicio, ha defendido que los asistentes parlamentarios trabajaban legítimamente para los eurodiputados, adaptando sus labores a diversas actividades políticas relacionadas con el partido.
Algunos testigos han ofrecido testimonios confusos, lo cual ha llevado a la diregenta a intervenir para aclarar puntos o reforzar argumentos, evidenciando su control sobre el proceso.
Insiste en que el Parlamento Europeo no presentó quejas hasta 2015, cuando el entonces presidente Martin Schulz alertó a las autoridades sobre un posible uso indebido de fondos.
Según el abogado del Parlamento Europeo, Patrick Maisonneuve, la malversación estimada asciende a 4,5 millones de euros, afirmando que los acusados han mostrado una postura unificada en defensa del partido.
Ante estas acusaciones, Le Pen ha sostenido su inocencia y argumentado que posibles errores administrativos no deben ser considerados como delitos.