Con una marcha desde el Obelisco de Buenos Aires hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado comenzó un paro de 36 horas de los empleados públicos de Argentina en protesta por los bajos salarios, despidos y políticas de recortes llevadas a cabo por el Gobierno de Javier Milei.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado es el que ha implementado las políticas de recortes para achicar los organismos y empresas publicas puestas en marcha cuando el actual presidente accedió al Gobierno, en diciembre de 2023.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), desde entonces se han eliminado unos 28 mil 500 empleos públicos, una reducción de casi el 10% de la plantilla estatal, que en agosto alcanzaba las 309 mil 849 personas.
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SE SUMARÁN MÁS
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el mayor gremio de empleados públicos del país, convocó la protesta para «evitar que el Estado termine usurpado por los grandes grupos de empresarios», informó el sindicato a través de un comunicado.
«La gente empieza a tomar conciencia de la estafa. Le mintieron, no había ‘ñoquis’ (empleados públicos que no cumplen tareas) ni un Estado sobredimensionado. Este Gobierno protege y se abraza a la casta», aseguró el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.
Si todo sigue como está previsto, a la medianoche se sumarán a la huelga los trabajadores del transporte aéreo, ferroviario y del metro subterráneo de Buenos Aires.
El jueves harían lo propio los conductores de autobuses, principalmente del área metropolitana de Buenos Aires.
«PRIVILEGIADOS»
Por su parte, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, calificó de «privilegiados» a los trabajadores que participan de la huelga y las protestas, sobre los que dijo que defienden sus propios «beneficios».
«Los que paran son privilegiados, los que pueden darse el lujo de parar, porque los argentinos de bien no tenemos esa posibilidad y además no queremos parar», afirmó el vocero.
Recientemente Javier Milei advirtió a alrededor de diez mil funcionarios del Estado para que inicien sus trámites de jubilación y anunció que 40 mil empleados con contratos temporales deberán someterse a un examen de idoneidad para poder continuar en su puesto de trabajo.
«Nos quieren evaluar, como si nuestros años en los cargos precarizados no valieran nada, nos intiman a jubilarnos como si ya no sirviéramos, todo mientras congelan nuestros salarios para achicar cada vez más el Estado», reclamó el sindicato en su comunicado.
