El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó que la fuerza pública no acatará órdenes “ilegales” emitidas por la Fiscalía, tras el allanamiento de la vivienda del exministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, quien había renunciado al cargo la semana pasada, perdiendo así su inmunidad.
La Fiscalía no explicó los motivos del allanamiento, argumentando que el caso está bajo reserva judicial. Según Arévalo, los fiscales con el rostro cubierto irrumpieron en la vivienda del exministro y confiscaron sus documentos de identidad, incluido el pasaporte. El mandatario calificó estas acciones como “espurias” y aseguró que las rechazaba enérgicamente.
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«Nos aseguraremos de que la fuerza pública no ejecutará órdenes que no cumplan con la más estricta legalidad», declaró Arévalo en conferencia de prensa.
CRISIS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
Arévalo responsabilizó al Ministerio Público por lo que describió como una «crisis de justicia» en Guatemala, señalando prácticas de criminalización y arbitrariedad.
Anunció la implementación de un mecanismo para revisar las órdenes judiciales de la Fiscalía, aunque no dio detalles sobre su funcionamiento.
El mandatario también criticó la persecución contra operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, mencionando informes de organismos internacionales como la OEA y la ONU que denuncian estas prácticas.
ENFRENTAMIENTO CON LA FISCAL GENERAL
Arévalo citó de forma urgente a la fiscal general, Consuelo Porras, para que explique las acciones de su oficina.
La relación entre ambos es tensa desde la campaña presidencial de Arévalo, cuando la Fiscalía intentó investigar a más de 150.000 ciudadanos que participaron en las elecciones, alegando fraude electoral sin pruebas claras.
Porras, quien enfrenta sanciones internacionales de más de 40 países por obstruir la lucha contra la corrupción, ha mantenido una postura agresiva contra el gobierno de Arévalo, incluyendo múltiples solicitudes fallidas para retirarle su inmunidad presidencial.
CASOS EMBLEMÁTICOS
El presidente también denunció la persecución contra figuras destacadas, como la exdirectora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, quien fue condenada por delitos relacionados con el financiamiento electoral de su partido político, Movimiento Semilla.
Hernández asumió los cargos para salir de prisión, una decisión que Arévalo calificó como resultado de tortura psicológica.
Asimismo, Arévalo criticó el intento de encarcelar nuevamente al periodista José Rubén Zamora, quien estuvo más de 800 días en prisión sin condena y fue liberado recientemente, aunque enfrenta una nueva orden de detención.
DEFENSA DE LA DEMOCRACIA
El mandatario concluyó denunciando la cooptación del sistema de justicia de Guatemala por jueces corruptos y advirtió que su gobierno, comprometido con la democracia, representa una amenaza para aquellos que buscan mantener un sistema represivo.
“Nuestra democracia es una amenaza para ellos, y quieren destruirla a toda costa”, afirmó.
