El juez federal Sebastián Casanello procesó al expresidente Alberto Fernández por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, al determinar que durante su mandato se firmaron contratos de seguros con intermediarios privados, a pesar de que esos servicios podían contratarse directamente con la aseguradora estatal del Banco Nación.
Además, el magistrado dispuso un embargo de bienes y dinero por un monto de 14.634 millones de pesos argentinos, equivalentes a unos 11 millones de dólares al cambio oficial.
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UN ESQUEMA CON NEXOS PERSONALES
La investigación determinó que un corredor cercano al entorno presidencial, Héctor Martínez Sosa —esposo de la exsecretaria privada de Alberto Fernández—, gestionó los seguros para organismos públicos y cobró comisiones por esas operaciones. La principal evidencia surgió del análisis del teléfono móvil de la funcionaria, donde se hallaron pruebas que, según el fallo, demuestran la participación del expresidente en el “plan de expansión de negocios” del grupo vinculado al corredor.
«Es una decisión arbitraria, infundada», afirmó Mariana Barbitta, abogada defensora de Fernández, quien adelantó que apelarán la resolución antes del martes 15 de julio. El exmandatario, de 66 años, había declarado el viernes pasado ante el juez y negó haber cometido delito alguno.
TAMBIÉN IRÁ A JUICIO POR VIOLENCIA DE GÉNERO
A esta causa por corrupción se suma una segunda investigación judicial: Fernández deberá enfrentar un juicio oral por presuntas lesiones graves y amenazas coactivas en el contexto de una denuncia por violencia de género presentada por su expareja, Fabiola Yáñez, madre de su hijo nacido en 2022.
La denuncia se originó tras la pericia al teléfono de su exsecretaria, que reveló mensajes e imágenes relacionados con episodios de violencia en la relación con Yáñez, con quien estuvo vinculado durante aproximadamente una década. Fernández ha negado rotundamente las acusaciones.
CONTEXTO POLÍTICO Y JUDICIAL
Alberto Fernández asumió la presidencia en diciembre de 2019 con Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. Optó por no presentarse a la reelección en 2023, en medio de una creciente inflación y altos niveles de impopularidad. Fue sucedido por el economista ultraliberal Javier Milei.
Cristina Fernández, por su parte, cumple una condena de seis años de arresto domiciliario por corrupción relacionada con contratos de obras públicas durante sus dos mandatos como presidenta (2007-2015).
Junto con Alberto Fernández, el juez ordenó que unas treinta personas enfrenten juicio por la causa de los seguros, entre ellas Héctor Martínez Sosa y la exsecretaria presidencial, ambos estrechamente vinculados al esquema investigado.
⚖️ Casanello procesó a Alberto Fernández por corrupción: favoreció con contratos millonarios de seguros a su entorno, incluyendo al bróker Martínez Sosa. También le trabaron un embargo. Primera causa por corrupción contra el expresidente.https://t.co/6uprHHopMb pic.twitter.com/x3THL7Yt6N
— GC (@GordoChubut) July 11, 2025
