Al menos durante los cuatro años que dure su administración, los cargos penales que enfrenta el recién electo candidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump podrían desaparecer.
Son cuatro: manejo indebido de documentos clasificados; subversión electoral federal e interferencia electoral en las elecciones presidenciales de 2020 (el asalto al Capitolio), además de interferencia electoral en el condado de Fulton (Georgia), donde enfrenta cargos junto a 14 coacusados por presuntamente intentar anular allí los resultados de las elecciones de 2020.
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Eso corresponde a este año.
A ello se suman los 34 delitos de falsificación de registros empresariales por los que fue declarado culpable por una corte en Nueva York.
La lectura de sentencia estaba programada para junio, pero fue postergada en varias ocasiones por su equipo legal hasta este 24 de noviembre.
ADIÓS FISCAL ESPECIAL
El caso de los documentos clasificados -que Trump mantenía retenidos en su residencia de Mar-a-Lago en Florida e incluían secretos nucleares, de armas y defensivos de Estados Unidos y otros países- fue desestimado en junio pasado por la jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon.
A su juicio, el nombramiento del fiscal especial Jack Smith en este caso y la financiación de su trabajo violan los artículos de la Constitución sobre nombramientos y gastos.
Esta decisión está actualmente recurrida.
Pero en cuanto vuelva a la presidencia, Donald Trump podrá nombrar a un nuevo fiscal general que destituya a Smith.
De hecho, antes de ser electo dijo que lo despediría en los primeros “dos segundos” de jurar como presidente.
EN PAUSA
En todo caso, Trump no puede anular los 34 cargos penales de falsificación por los que fue declarado culpable. Tampoco los cargos por la interferencia electoral en Georgia de la que se le acusa.
Pero de ahí a que enfrente las consecuencias durante su administración es otra historia.
En Nueva York sus abogados pedirán que se postergue nuevamente la sentencia por los 34 delitos de falsificación.
Aquí aplica un fallo de la Corte Suprema de julio de este año que sostiene que los presidentes tienen una amplia inmunidad procesal sobre los actos oficiales.
Por lo pronto, tiene pensado apelar a su condena cuando sea sentenciado. Además, sus abogados han solicitado mover el caso a la corte federal. Con esto, se podrían crear nuevos obstáculos legales por el caso.
Por el caso de Georgia, si bien Trump no podrá detener la investigación. Sin embargo, su abogado buscará pausar cualquier actividad relacionada con Trump con el argumento que un presidente no debería enfrentar el peso de un proceso penal mientras esté en el cargo.
