El Parlamento del Reino Unido está inmerso en un debate crucial sobre la legalización de la muerte asistida, una práctica que permitiría a personas con enfermedades terminales elegir el momento de su fallecimiento con asistencia médica.
Este tema, altamente sensible, ha generado intensas discusiones entre legisladores, profesionales de la salud y la sociedad civil.
La jornada de este viernes, los legisladores deberán decidir mediante voto si finalmente legalizan esta práctica, convirtiendo así al Reino Unido en uno de los pocos lugares que permite este tipo de eutanasia.
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Con esta ley, Gran Bretaña se uniría a un pequeño grupo de países que están impulsando este proceso. Canadá, Nueva Zelandia, España y la mayor parte de Australia permiten algún tipo de muerte asistida, al igual que los estados de EE.UU. de Oregon, Washington y California.
Si se aprueba, el proyecto de ley permitirá a las personas con una enfermedad terminal y menos de seis meses estimados de vida tomar una sustancia para poner fin a su vida siempre que sean capaces de tomar la decisión por sí mismas. Dos médicos, seguidos de un juez de un tribunal superior, tendrían que dar su visto bueno a la decisión.
DIVISIÓN EN EL PAÍS
Actualmente, la muerte asistida es ilegal en el Reino Unido, con penas de hasta 14 años de prisión para quienes la faciliten. Sin embargo, varios grupos, incluidos pacientes terminales y organizaciones como Dignity in Dying, abogan por un cambio en la ley, argumentando que el derecho a decidir sobre el final de la vida es un tema individual y de dignidad.
Por otro lado, opositores, como sectores religiosos y grupos médicos, expresan preocupaciones sobre los posibles abusos y el impacto ético en la relación médico-paciente. El Royal College of Physicians ha adoptado una postura neutral, reflejando la división dentro de la comunidad médica.
