El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, al revocar la condena de 12 años de prisión domiciliaria que había recibido en primera instancia por soborno a testigos y fraude procesal. La decisión, leída por el magistrado Manuel Antonio Merchán, establece que no se acreditó que Uribe hubiera instigado los delitos imputados.
“No se demostró directa ni indirectamente que Álvaro Uribe hubiera promovido el soborno en actuación penal. En consecuencia, la Sala revoca la condena impuesta”, señaló el magistrado durante la audiencia.
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Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, celebró la resolución y reafirmó que la condena inicial fue producto de una persecución política. Sus abogados habían cuestionado la validez de las pruebas, asegurando que no existía evidencia “inequívoca” de su responsabilidad, argumento que el nuevo fallo validó.
El tribunal indicó que la sentencia original adolecía de “deficiencias estructurales”, con “premisas vagas, sesgos retóricos y omisión de análisis integral”. No obstante, el proceso no queda cerrado: las partes aún pueden apelar ante la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra.
UN FALLO EN MEDIO DE TENSIONES POLÍTICAS
La absolución llega en un contexto de fuerte polarización y en vísperas de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. El Centro Democrático, partido de Uribe, no descarta su regreso al Senado si sus asuntos judiciales quedan resueltos.
El presidente Gustavo Petro criticó duramente la decisión, acusando al tribunal de “repetir la historia” y encubrir los vínculos entre el poder político y el paramilitarismo. En su cuenta de X, Petro afirmó que el fallo “tapa la historia de la gobernanza paramilitar” y convocó a sus seguidores a una manifestación en la Plaza de Bolívar.
DISIDENCIA Y EXCLUSIÓN DE PRUEBAS
La jueza Leonor Oviedo Pinto expresó su desacuerdo con la absolución, al apartarse del voto mayoritario del tribunal. Cuestionó la exclusión de interceptaciones telefónicas que habían sido consideradas pruebas ilícitas por la mayoría.
LAS ACUSACIONES CONTRA URIBE
La justicia condenó a Álvaro Uribe por ordenar al abogado Diego Cadena ofrecer dinero y beneficios judiciales a los exparamilitares Carlos Enrique Vélez, Eurídice Cortés y Juan Guillermo Monsalve, con el fin de que alteraran sus declaraciones y lo desligaran del paramilitarismo. Monsalve, preso y testigo clave, había acusado al expresidente de haber promovido la creación del Bloque Metro de las AUC.
Tras revisar los testimonios, el Tribunal determinó que la jueza de primera instancia incurrió en “errores metodológicos y valoraciones sesgadas”, invalidando así la condena por soborno y fraude procesal.
El magistrado Merchán también señaló que la jueza aplicó erróneamente la figura del “dolo eventual”, cuando la ley exige “dolo directo” para establecer responsabilidad penal en estos casos.
ORIGEN DEL CASO
El proceso comenzó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuesta difamación. Sin embargo, la Corte Suprema no solo desestimó la denuncia, sino que abrió una investigación contra el expresidente por manipulación de testigos. En 2020, Uribe fue detenido brevemente bajo arresto domiciliario, antes de renunciar a su escaño en el Senado, lo que trasladó el caso a la Fiscalía.
Tras años de apelaciones y controversias, el fallo de este martes representa una victoria judicial para Uribe y un nuevo foco de tensión en la política colombiana.
El Tribunal de Bogotá revocó las condenas contra Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal, argumentando falta de pruebas directas y cuestionando la sentencia original de la jueza Heredia en un fallo de 700 páginas lleno de jalones de orejas.
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— laorejaroja (@laorejaroja) October 21, 2025