Este martes, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una orden que suspende temporalmente la decisión de un juez federal que había ordenado la reincorporación de aproximadamente 16.000 empleados federales despedidos durante la administración de Donald Trump.
Esta decisión significa que las agencias federales involucradas no estarán obligadas a reincorporar a los trabajadores mientras continúa el litigio en curso, una disputa que se originó en un caso presentado en California.
Las agencias federales afectadas por el fallo, entre ellas los departamentos de Asuntos de Veteranos, Defensa, Energía, Interior, Agricultura y Tesoro, seguirán operando sin la reincorporación de estos empleados, al menos hasta que se resuelva la demanda presentada por varios grupos sin fines de lucro que cuestionaron la legalidad de los despidos.
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LEGITIMIDAD DE LA DEMANDA
La decisión de la Corte Suprema refleja una disputa más profunda sobre el alcance de los poderes judiciales en la gestión de personal federal. La magistrada Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, quienes son parte del ala liberal del tribunal, expresaron su desacuerdo con la decisión.
El punto de fricción es si los grupos que interpusieron la demanda tenían la legitimación necesaria para hacerlo. En sus argumentos, la Corte señaló que estos grupos podrían no tener base legal para exigir la reincorporación de los trabajadores despedidos.
Este enfrentamiento legal se complica aún más por el fallo paralelo de un juez en Maryland. En ese caso, el juez James Bredar dictó una sentencia similar, que afecta a empleados de 19 estados y el Distrito de Columbia. Pero, con una diferencia clave. Bredar solo ordenó que los empleados fueran puestos en licencia administrativa retribuida mientras se resuelve el litigio, sin exigir su reincorporación completa.
¿QUÉ HAY DETRÁS DE ESTOS DESPIDOS?
La administración Trump, en su intento por reducir el tamaño del gobierno federal, llevó adelante una iniciativa liderada por Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental, buscando recortar el personal federal. Esto desató una feroz batalla legal con sindicatos y grupos sin fines de lucro que alegan que los despidos violan derechos laborales y constitucionales.
En respuesta, el juez de distrito de California, William Alsup, dictaminó que los despidos de empleados a prueba debían ser revocados, alegando fallas legales en el proceso.
Sin embargo, la administración Trump argumentó que Alsup excedió su autoridad y que la reincorporación de los trabajadores generaría más problemas de los que resolvería.
