Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos declaró “inconstitucional” la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de los inmigrantes. Confirmó, además, un bloqueo nacional a la medida.
A fines de junio pasado el Tribunal Supremo ordenó que los juzgados inferiores reconsideraran las medidas cautelares que habían bloqueado la implementación de la orden de Trump, así como su rango territorial.
Sin embargo, el tribunal de apelaciones de San Francisco decidió que la medida cautelar emitida por un juez de Seattle que bloqueaba la orden en todo el país no representaba una extralimitación judicial.
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“El tribunal de distrito concluyó correctamente que la interpretación propuesta en la Orden Ejecutiva, que niega la ciudadanía a muchas personas nacidas en Estados Unidos, es inconstitucional. Estamos totalmente de acuerdo”, sostuvo el juez del tribunal de apelaciones Ronald Gould en representación de la mayoría de dos jueces a uno que resultó en esta resolución, recogida por CNN.
La corte concluyó “que el tribunal de distrito (de Seattle) no abusó de su discreción al emitir una medida cautelar universal para brindar a los estados un alivio completo”.
El juez Gould explicó que «una orden judicial más restrictiva a nivel territorial -por ejemplo, una que afectase solo a los estados que no apelaron contra la orden- exigiría a los estados que impugnaron la ley que revisaran sus sistemas de verificación de elegibilidad para diversos programas de servicios sociales, causando “daños irreparables”.
Esta es primera vez que un tribunal de apelaciones concluye plenamente que la orden de Trump es inconstitucional. Este, sin embargo, podría apelar al Tribunal Supremo.
BLOQUEO NACIONAL
El fin de la ciudadanía por derecho de nacimiento está también bloqueado a nivel nacional. Un juez federal de Nueva Hampshire prohibió su aplicación contra cualquier infante que se viera afectado por la política en una demanda colectiva interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
Según analista, es un golpe para la Administración Trump después de que el Tribunal Supremo decidiera, a finales de junio, limitar las competencias de los jueces para paralizar las cuestionadas órdenes ejecutivas de Trump a nivel nacional dejando intacto, no obstante, el derecho a presentar demandas colectivas.
