El Tribunal Supremo de Brasil descartó aplicar prisión provisoria al expresidente Jair Bolsonaro. Eso, pese a cometer lo que calificaron como una “irregularidad aislada” al no respetar la prohibición de usar redes sociales.
El juez encargado de su caso, Alexandre de Moraes, aceptó los alegatos de la defensa del exmandatario, según la cual él no habría sido quien utilizó sus redes, sino terceros.
De todos modos, el magistrado advirtió que si se produce una nueva infracción, “de manera inmediata” el uso de tobillera electrónica, prohibición de acercarse a embajadas y usar redes sociales se transformarán en prisión preventiva.
Lea también: Tribunal frena orden de Trump de eliminar ciudadanía por nacimiento
Bolsonaro y otras siete personas forman parte del llamado núcleo central de la trama golpista con la que pretendía mantenerse en el poder tras las elecciones de octubre de 2022.
Están acusados de asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio durante las protestas en las que se intentó tomar las instituciones el 8 de enero de 2023.
El expresidente es investigado también por su supuesta responsabilidad en una trama para entorpecer desde Estados Unidos su causa por golpe de Estado. Esta incluye defender la aplicación de aranceles y sanciones contra autoridades del país, incluidos los jueces del Tribunal Supremo, a quienes Washington ha revocado sus visados.
De acuerdo con la investigación de la justicia brasileña, ha utilizado desde marzo hasta dos millones de reales (300.000 euros) para hacer campaña en Estados Unidos a través de su hijo, Eduardo, en favor de las sanciones estadounidenses.
De ser declarado culpable Bolsonaro arriesga hasta 40 años de prisión e inhabilitación indefinida para ostentar cargos públicos.
SIN SUBTERFUGIOS
De Moraes aclaró que el expresidente no tiene prohibido conceder entrevistas ni participar en actos políticos, pero sí replicar mensajes sobre el tema por el que está siendo juzgado, el mismo que redundó en sus cautelares.
Agregó además, según el portal G1, que “no se permitirá el uso de subterfugios para mantener la práctica de actividades delictivas, ni la instrumentalización de entrevistas o discursos públicos como ‘material prefabricado’ para posteriores publicaciones en redes sociales de terceros previamente coordinado”.
