La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, declaró “zona militarizada” gran parte de la frontera sur entre el estado de California y México.
¿El motivo? Esta medida facilitará la actuación del Ejército en el área y permitirá a los militares detener a migrantes en el marco de la emergencia nacional decretada en enero.
La zona militarizada se extiende desde la frontera con Arizona hasta el desierto de Otay Mountain, atravesando el Valle Imperial y comunidades fronterizas como Tecate.
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Se estima que unos siete mil efectivos serán desplegados en la frontera, donde también contarán con el apoyo de helicópteros y otras aeronaves, además de equipos de vigilancia y drones.
Según el Departamento del Interior, de esta forma se “transferirá la jurisdicción” de gran parte de la frontera californiana con México a las Fuerzas Armadas para que desempeñen un “papel histórico en estas tierras y salvaguarden la soberanía nacional”.
La autoridad describió el área como una “zona de gran tráfico” en lo referente al cruce “ilegal” de migrantes. Eso, a pesar de que la Guardia Fronteriza ha sostenido que se ha producido un descenso de los intentos de cruzar esta zona y que se han alcanzado mínimos históricos desde los años 60, según informaciones recogidas por la cadena de televisión CBS.
El secretario del Interior, Doug Burgum, declaró que la medida busca cerrar brechas de seguridad y proteger las tierras públicas del uso irregular.
DETENCIONES Y DEPORTACIONES
La medida sitúa esta zona fronteriza bajo la supervisión de las bases militares establecidas en las inmediaciones, lo que favorece las detenciones y las posibles deportaciones de aquellos que entren de forma ilegal en el país norteamericano. Autoriza también la imposición de cargos penales que pueden conllevar penas de prisión.
Esta estrategia militar se puso en marcha el pasado mes de abril en otras zonas de la frontera -especialmente en Nuevo México-, y posteriormente se extendió a los estados de Texas y Arizona.
El anuncio de la nueva zona militarizada coincidió con una orden de un juez federal que instruyó a la administración Trump detener el despliegue de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles y devolver el control de esos uniformados al estado, detalló Univisión.
Trump había llamado a más de cuatro elementos de la Guardia Nacional de California en junio sin la aprobación del gobernador Gavin Newsom.
