El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó formalmente al Departamento de Justicia (DOJ) el pago de unos 230 millones de dólares en concepto de compensación por los procesos judiciales y las investigaciones federales emprendidas en su contra en los últimos años. La solicitud, presentada mediante procedimientos administrativos internos, genera una controversia sin precedentes por el evidente conflicto ético que enfrenta a funcionarios del propio gobierno con su jefe de Estado.
UN RECLAMO SIN PRECEDENTES
Según fuentes cercanas al caso citadas por The New York Times, Trump presentó dos reclamaciones administrativas —un paso previo a las demandas federales— por presuntas violaciones a sus derechos constitucionales. La primera, radicada a fines de 2023, se refiere a la investigación sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones de 2016 y los vínculos de su campaña con Moscú. La segunda, presentada en 2024, acusa al FBI y al DOJ de violación de privacidad y procesamiento malicioso por el allanamiento de su residencia de Mar-a-Lago, Florida, en 2022, y los posteriores cargos por manejo indebido de documentos clasificados.
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El monto reclamado —230 millones de dólares— incluye los gastos legales y los supuestos daños a la reputación del mandatario. “Me estoy demandando a mí mismo”, habría reconocido Trump la semana pasada en la Oficina Oval, en presencia de la fiscal general Pam Bondi, su adjunto Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel.
POSIBLES CONFLICTOS ÉTICOS
El caso se vuelve aún más complejo porque los funcionarios llamados a evaluar la compensación son antiguos abogados defensores de Trump o de miembros de su entorno. El fiscal general adjunto, Todd Blanche, fue su principal abogado penal y reconoció en febrero que su relación profesional con el presidente “continúa”. A su vez, Stanley Woodward Jr., jefe de la división civil del DOJ, representó a varios asesores de Trump, incluido su exayudante Walt Nauta.
Expertos en derecho y ética, como Bennett L. Gershman, de la Universidad Pace, calificaron la situación de “farsa” y advirtieron que el conflicto de interés es “tan básico y fundamental que no necesita explicación”. Pese a ello, el portavoz del DOJ, Chad Gilmartin, aseguró que “todos los funcionarios siguen las directrices éticas de carrera”, mientras la Casa Blanca evitó hacer comentarios.
RIESGO PARA LOS CONTRIBUYENTES
Si las reclamaciones prosperan, el dinero saldría de fondos públicos, lo que implicaría un gasto directo para los contribuyentes. No obstante, hasta ahora el mandatario no ha recibido ningún pago, y no existe certeza de que el proceso concluya en un acuerdo. El DOJ tampoco está obligado a anunciar públicamente la resolución de estos casos, lo que podría mantener el desenlace en secreto.
La controversia se suma a una larga lista de episodios en los que Trump ha cuestionado la independencia del Departamento de Justicia y criticado las recusaciones de antiguos fiscales generales, como Jeff Sessions. Esta vez, sin embargo, la paradoja es mayor: el presidente podría terminar negociando consigo mismo para determinar si el Estado le debe cientos de millones de dólares por las investigaciones que él mismo considera “injustas”.
Breaking News: President Trump wants $230 million from the Justice Department for investigating him, people familiar with the matter say. Any settlement might ultimately be approved by senior department officials who defended him or those in his orbit. https://t.co/z1JROXHVYB
— The New York Times (@nytimes) October 21, 2025
